
En Bogotá, la compra de predios para obras de infraestructura no es un trámite más. Es el punto de quiebre que define si el proyecto avanza o termina en desastre.
Cuando la gestión predial falla, la factura que paga la ciudad es doble. La primera se mide en millones de pesos. La segunda se mide en años de escombros, desvíos eternos, ruptura de redes, comercios quebrados y barrios convertidos en corredores de vallas oxidadas, asediados por la inseguridad.
A finales de septiembre de 2025, la Contraloría de Bogotá publicó las cuentas del desastre. El ente de control reportó hallazgos por 151.498 millones de pesos en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por irregularidades y retrasos en la adquisición de más de cien predios destinados a proyectos viales. La cifra más delicada es la de 106 predios cuya compra quedó inconclusa entre 2020 y 2022 pese a los pagos realizados, con un detrimento patrimonial asociado de 121.771 millones de pesos. A esto se sumaron 29.726 millones en mayores costos de obra e interventoría por no entregar los predios a tiempo a los contratistas. Eso alarga los frentes de trabajo y dispara las cuentas.
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