
Mientras, en fin de año, la mayoría de los colombianos se entrega a los quehaceres y celebraciones navideñas —regalos, novenas, natilla y preparación de la cena—, el Estado parece moverse con el acelerador a fondo. Pasan cosas, muchas de ellas muy cuestionables, pero al final inadvertidas, en medio del jolgorio.
Pondré como ejemplo un caso viejo: la adjudicación de las obras de la fase III de TransMilenio, que incluía la troncal de la calle 26 y tantos dolores de cabeza les causó a los bogotanos. Y pondré uno reciente: la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica con la que ayer amanecimos, que implica más tributos para tapar el hueco fiscal de un Gobierno que derrocha sin recato. Una decisión tomada en plena vacancia judicial, como si la apuesta fuera que, por ahora, nadie se pronuncie sobre su constitucionalidad.
En ese mismo clima de movimientos rápidos y de “sorpresitas” navideñas, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), se ha convertido en escenario de una tensión que mezcla recursos millonarios y el control de un sistema enorme.
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