El Estado tiene dos caminos: señalar para construir o para destruir. El Gobierno de Gustavo Petro optó por el segundo. La teatralización de las inspecciones intimida al empresariado, no protege a los trabajadores y deteriora la confianza.
Por: Luis Alberto Arango
En Colombia ya no basta con gobernar: hay que hacer espectáculo. El reciente show del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recorriendo locales de Olímpica con cámaras a su alrededor, protagonizando un video de edición profesional y lanzando acusaciones de precarización laboral en rueda de prensa, fue más una puesta en escena que un acto de gobierno. El mensaje fue claro: el Ministerio no busca inspeccionar, sino señalar; no pretende construir, sino destruir.
No defiendo a Olímpica —la empresa ya se pronunció, rechazó las acusaciones y reafirmó su compromiso con el empleo digno—. Mi crítica va al estilo divisionista y populista del actual Gobierno, que ha convertido las inspecciones laborales en armas políticas para polarizar al país y alimentar un discurso gastado de izquierda que enfrenta a trabajadores y empresarios como si fueran enemigos irreconciliables.
Cualquier inspección en cualquier empresa encuentra defectos. Y para eso existen: para corregir, ajustar y mejorar. Lo normal sería un procedimiento discreto, técnico, con sanciones cuando correspondan y con planes de mejora cuando sea necesario. Pero no. Este Gobierno prefiere montar un escenario con luces y cámaras, lanzar acusaciones rimbombantes y después dejar que el eco mediático haga el trabajo de estigmatizar y que la estigmatización sea a fondo y continuada.
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