Las tiendas de descuento duro hacen más por la economía colombiana y el empleo formal que los discursos populistas. En vez de desincentivarlas se debe corregir lo que haga falta, pero proteger lo que ya funciona.
Por: Luis Alberto Arango
En muchas esquinas de los barrios colombianos, donde antes reinaban tiendas pequeñas con estantes repletos y cuadernos de fiado gastados por el uso, ahora se destacan fachadas sobrias y brillantes con letras grandes que dicen “D1” o “Ara” y recientemente “Ísimo”. Para unos, son símbolos de progreso, eficiencia y precios justos. Para otros, son sinónimo de competencia despiadada, precarización laboral y desplazamiento del pequeño comercio. Las tiendas de descuento duro (HDS, por su sigla en inglés – Hard Discount Stores) no solo se han expandido geográficamente, sino también ideológicamente en el debate público colombiano.
En las últimas semanas, miembros del Gobierno nacional —incluido el presidente Gustavo Petro— han lanzado duras críticas a este modelo de negocio. Alegan que algunas de estas tiendas incurren en prácticas laborales cuestionables y unos pocos sugieren incluso su desmonte. Que se investigue y sancione si hay irregularidades, desde luego. Pero pedir su desaparición o cierre es un error de enormes proporciones. Un reciente estudio técnico del Banco de la República, desapasionado y riguroso, demuestra lo contrario: las tiendas de descuento duro son fuentes de formalización, empleo e ingresos fiscales en el país.
El documento —The Impact of Hard Discount Stores on Local Labor Markets (abril de 2024)— fue escrito por Lukas Delgado Prieto, investigador posdoctoral en la Universidad de Oslo; Andrea Otero Cortés, Ph.D. en Economía e investigadora del Banco de la República; y Andrés Calderón, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio examina la expansión y el impacto económico de cadenas como D1, Ara y Justo & Bueno entre 2010 y 2019.
Hoy hay alrededor de 4.200 tiendas de descuento D1, Ara e Ísimo. Justo & Bueno ya no existe. Sus ventas combinadas en 2024 fueron de 32 billones de pesos y emplean más de 30.000 empleos formales directos Estas tiendas ya son parte habitual de la economía de más de 530 municipios en 28 departamentos del país y su impacto es muy significativo para la economía colombiana.
“…la apertura de una tienda de descuento incrementa, a partir del tercer año, entre 1.7 y 2.9 puntos porcentuales el empleo formal en el municipio donde hace presencia”.
Según el estudio, la apertura de una tienda de descuento incrementa, a partir del tercer año, entre 1.7 y 2.9 puntos porcentuales el empleo formal en el municipio donde hace presencia. Para el caso de los 2.9 puntos porcentuales, eso significa un aumento del 10 por ciento en la base de empleo formal de los municipios estudiados. Este incremento de empleo es en sectores como comercio, manufactura, agricultura y construcción. La razón es que cuando el consumidor final gasta menos en su mercado semanal, gracias a los bajos precios que ofrecen las tiendas de descuento, tiene mayor ingreso para gastar en otros sectores de la economía, lo que los dinamiza y les permite contratar mayor personal.
Pero también, las tiendas de descuento duro no solo generan sus propios empleos formales, sino que incentivan la creación de empleo gracias al impulso de su proveeduría. Y haciéndolo, los obligan a también a formalizarse. D1, Ara, Ísimo y similares, para operar formalmente y aprovechar las ventajas tributarias y empresariales que esto conlleva, deben exigir la misma formalidad a sus proveedores, lo que genera un efecto en cascada, además de un potente encadenamiento empresarial de proveeduría sobre la economía regional, que merecería una columna aparte.
El estudio también muestra que las HDS son, para miles de jóvenes, la puerta de entrada al primer empleo formal: el 16 por ciento de sus trabajadores, con una edad promedio de 24 años, no tenía experiencia previa en el sistema formal. Y no se trata de empleos de subsistencia: estas tiendas pagan salarios sistemáticamente superiores al promedio del comercio formal. En otras palabras, no solo generan trabajo: generan trabajo mejor pagado.
“En otras palabras, no solo generan trabajo: generan trabajo mejor pagado”.
El efecto fiscal es igual de contundente. La llegada de las HDS incrementa el recaudo del impuesto de industria y comercio en los municipios en 10,1 puntos porcentuales, no solo por sus propias ventas sino por el efecto dinamizador en el resto de los sectores de la economía local adonde llegan. Esto, desde luego, significa y es consecuencia directa de una mayor actividad empresarial formal. A diferencia del comercio informal, que opera al margen del sistema tributario, estas cadenas fortalecen las arcas públicas de los municipios, lo que mejora la capacidad del Estado para invertir en bienes públicos esenciales.
Una de las preocupaciones más frecuentes —y legítimas— es el impacto sobre los pequeños comerciantes. El estudio muestra, aunque no de manera empírica, porque no hay bases de datos que den cuenta del cierre de comercios informales, que la llegada de las HDS no reduce significativamente el empleo informal, pero sí disminuye los ingresos laborales de los tenderos informales. El ajuste, según sugieren los autores, es por pérdida de margen. Las cadenas HDS compiten por eficiencia y precio, y presionan al comercio tradicional a reinventarse. Esto exige del Estado una estrategia seria y estructural para acompañar al pequeño comercio en la transición hacia la formalidad o la reconversión productiva, en lugar de promover un discurso nostálgico que a la larga los condena al estancamiento.
Que haya denuncias laborales contra empresas como D1 no debe sorprender: ningún modelo de negocio, por sofisticado y grande que sea, está exento de errores o malas prácticas. Pero de ahí a convertirlas en chivos expiatorios del desempleo o de un malestar social hay una gran distancia. Demonizar un modelo exitoso para la economía —y que ha contribuido a formalizar decenas de miles de empleos, muchos de ellos primeros empleos para jóvenes— es tan miope como contraproducente. Es atacar el síntoma y no la enfermedad.
La informalidad laboral en Colombia ronda el 55 por ciento. Muchas empresas —formales e informales— operan con contratos inadecuados, sin protección social, sin estabilidad. Si el problema real es la precariedad laboral, el camino no es eliminar a quienes emplean formalmente, sino exigir mejores estándares y crear incentivos regulatorios que fomenten empleos formales y dignos. Si hay prácticas que deben corregirse en empresas como D1, que se haga con rigor y transparencia. Pero con la misma contundencia, el Estado debería reconocer el valor que estas empresas aportan y establecer planes de mejoría conjuntos, serios y de largo plazo.
“Una política verdaderamente progresista no destruye lo que funciona: lo mejora”.
Colombia necesita más empresas formales, no menos. Más inversión productiva, más encadenamientos con proveedores nacionales, más empleo formal. Las tiendas de descuento duro cumplen con esos objetivos. No son perfectas, pero son parte esencial de un ecosistema económico más moderno, eficiente e incluyente. En vez de tratarlas como enemigos, el Estado debe verlas como aliados estratégicos para transformar los mercados laborales, fomentar y dinamizar la economía popular que se encadena con estas grandes tiendas de descuento.
Una política verdaderamente progresista no destruye lo que funciona: lo mejora. Y si algo demuestra este estudio del Banco de la República es que las tiendas de descuento duro, con todas sus imperfecciones, funcionan. Atacarlas por razones ideológicas solo debilita a quienes más las necesitan: los trabajadores, los consumidores y los proveedores que hoy hacen parte de su cadena de valor.
---------
Si usted quiere compartirme ideas, sugerencias o comentarios acerca de esta columna o de otro tema, por favor escríbame, me interesa conocerlas.
Mi e-mail es: columnaluisarango@gmail.com.
Lea los comentarios
