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Luis Alberto Arango
Puntos de vista

Ordenar la casa que nos deja Petro

Con una deuda pública 50 por ciento mayor tras el Gobierno de Petro, Colombia enfrenta una dura realidad: sin caja y sin confianza no hay reforma social que dure. Esta columna responde a Carmen, una lectora, y plantea una ruta simple y exigente: disciplina, método y ejecución.

Por: Luis Alberto Arango

Carmen, una lectora, dejó un comentario a mi columna anterior que terminó siendo el motor de esta.  La semana pasada expuse el tamaño y el costo de la deuda pública que estamos heredando del Gobierno de Petro: más deuda, más cara y con menos margen de maniobra. En plata blanca, el próximo presidente tendrá que contener el gasto público, ordenar la casa, recomponer la credibilidad fiscal para abaratar la financiación, mejorar el recaudo sin ahogar la economía y, sobre todo, demostrar que las reformas sociales pueden sostenerse en el tiempo.

Petro llegó a la Presidencia prometiendo reformas sociales para lograr un país menos desigual. El problema no es el anhelo –ese lo compartimos–, sino la forma de pagarlo. Una cosa es desear cambios y otra es financiarlos sin reventar la chequera del país. Y aquí vale una analogía: gobernar la economía se parece a ejercer la medicina. Un buen médico no receta por aplausos ni por ideología; receta con diagnóstico, evidencia y dosis correctas. Puede tener las mejores intenciones, pero si confunde el síntoma con la enfermedad, termina agravando al paciente.

Las cifras del Presupuesto 2026 ilustran la magnitud del “peaje” financiero: el servicio de la deuda ronda los 102,5 billones de pesos, lo que vamos a abonar al capital de la deuda, y solo los intereses se estiman alrededor de 70,7 billones de pesos. En paralelo, el saldo de la deuda pública pasó de 789 billones de pesos (57 por ciento del PIB) en julio de 2022 a cerca de 1.180 billones de pesos (61,4 por ciento del PIB) en octubre de 2025: un salto cercano al 50 por ciento en poco más de tres años de Gobierno de Gustavo Petro. Lo grave es que ese aumento no vino acompañado de una bonanza de ingresos; por el contrario, una porción cada vez mayor del recaudo tributario termina destinada a pagar intereses. Eso reduce el margen real para gasto social e inversión productiva.

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