Mentir en nombre de la libertad de cátedra

“El problema de la universidad, como pudimos comprobar en Mayo del 68, no es un problema de los estudiantes y de los profesores, sino que es un problema del conjunto de la sociedad, en la medida en que se ponen en cuestión tanto la relación entre la transmisión del conocimiento como la de explotación: tus brazos, si eres barrendero; tus capacidades intelectuales, si eres ingeniero; tus capacidades de seducción, si eres modelo; todo el resto no solamente no le interesa, sino que ni siquiera quiere oír hablar de ello. Todo lo que habla en nombre de ese resto no puede sino alterar ese orden productivo”, escribe Félix Guattari en La revolución molecular, un libro en el que discute, como lo hace en general su obra, esa idea liberal de que podemos considerar las instituciones como libres de control, vigilancia o ideología.

Las universidades colombianas no están por fuera del debate social e ideológico como ha querido imponer el sentido neoliberal para todo lo que se le antoja debe ser excluido de cualquier impugnación. Para quienes creen que la técnica tiene el predominio absoluto y científico, incontaminado y estadístico, nada se puede debatir bajo la idea de que en lugares como las universidades hay independencia, y todos tenemos el derecho a nuestra libertad de expresión.

Cualquier posición que ponga en duda el alcance de la libertad de cátedra, consagrada por la Corte Constitucional como “el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación que según su criterio, se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los educandos” (Sentencia C-424/25), y la responsabilidad que les asiste a los maestros y maestras de no mentir y no argumentar falazmente en público, es considerada como una intromisión inadmisible. Para la misma Corte, sin embargo, dicha libertad no es “un derecho absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia, entre otros” (Sentencia T-092/94). Y para la ética, un maestro o maestra debe aspirar a guardar rigor, o en todo caso, si va a opinar, a decir con claridad que se trata de una ocurrencia, y no de un argumento cierto, que es lo que ha pretendido hacer el profesor de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, con sus acusaciones ideologizadas y mendaces contra el candidato Cepeda.