El castigo por la opinión y los afectos políticos progresistas crea prevenciones y formas de autocuidado que distorsionan las encuestas y proyecciones electorales en nuestro país. Esta semana, empresarios y medios empresariales han tomado partido de manera pública para intentar empujar la opción de la ultraderecha y crear la falsa narrativa de que un triunfo contundente de Iván Cepeda y Aida Quilcué producirá “la pérdida definitiva de rumbo del país”.
Sus argumentos son frágiles pero efectivos: la seguridad, que ha sido siempre su manera de instalar el miedo ante la amenaza de los aparatos criminales, y la defensa de la Constitución que, ante la convocatoria democrática que promueve el presidente de la República para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, se convierte en la manera de deslegitimar un segundo gobierno progresista.
En el primer caso, es posible demostrar que, aunque hay una crisis en el tema de los Grupos Armados Organizados (GAO), la mayor violencia se produce en ciudades, que son definitivas en la elección, y esa no es una responsabilidad única del Gobierno nacional sino de las administraciones locales, que se han dedicado a crear la ficción de que todo es culpa de Petro y la política de Paz Total. En la segunda tesis, hay una omisión clamorosa: Iván Cepeda ha dejado claro que los momentos de una posible Constituyente tendrían que ser concertados mediante un Acuerdo Nacional, si es que allí no es posible alcanzar lo que se proponga de manera ejecutiva.
Con estas tesis distorsionadas, medios como Semana o El Heraldo, o encuestas publicadas en los últimos días que consultaron en su mayoría estratos altos de la población, pretenden decir y defender una institucionalidad abstracta sin decir que han contado estos cuatro años con todas las garantías constitucionales, legales y democráticas, incluyendo su crecimiento económico, así intenten minimizarlo los economistas ortodoxos. Por extraño que parezca, su opción es apoyar a cualquiera que no tenga relaciones con ideas de justicia social en Colombia: quien pretenda redistribuir, producir o crear no merece ninguna oportunidad en esta Tierra. Ellos y ellas han creado la idea de que aquí solo podemos extraer, importar, consumir y conformarnos con lo que tengan a bien concedernos.
Cuando hay relaciones de poder tan violentas, verticales y duraderas en el tiempo en todos los ámbitos de nuestras vidas como en la Colombia de los últimos dos siglos, el mandato de ciertas voces que se consideran autorizadas y se entronizan como portadores de sindéresis y ponderación y se toman por ciertas, para persuadir afectivamente a la mayoría para que decida aún en contra de sí misma.
El dispositivo consiste en insistir en que no hay entusiasmo ni esperanza que valga, que estamos condenados al escepticismo de siempre, que la fuerza colectiva es una entelequia, y que estar juntos obedece a manipulaciones populistas, particulares e hipócritas. Al hacerlo, estos supuestos líderes de opinión y estas corporaciones legales e ilegales fundidas con la política no nos dicen, por supuesto, qué es lo que recibiremos a cambio si ellos triunfan, además de sus pasiones y emociones destructivas que sus dos candidatos extremistas encarnan.
Quisieran instalarnos en el sentido común de que nos merecemos nuestra suerte, de que los pobres lo son porque quieren, y de que la única salida es la violencia para erradicar la violencia. Quisieran que aceptáramos que su fortaleza simbólica que se muestra a través de tigres, autos, dinero y palabras soeces y misóginas es real, que este país no puede cambiar y que todo lo ocurrido en este Gobierno no ha sido más que un paréntesis que debemos superar.
Esta semana, los medios empresariales se han dedicado a sembrar la idea —ya de manera frontal y con nombres propios— de que estamos en la encrucijada colombiana: o les devolvemos su país y su gobierno, que les pertenece según sus propias ideas de terratenientes y de propietarios, o se lo seguimos dando a quienes no lo merecen. En sus editoriales utilizan términos francamente inverosímiles: dicen defender los valores democráticos, la honestidad intelectual, la verdad, y atacan a los políticos profesionales [sic] para defender a quien llaman un outsider como esperanza de autoridad e independencia. Además, tienen el cinismo de intentar comparar a Abelardo de la Espriella con Rafael Núñez, para aupar el regionalismo caribe.
¿Y quiénes no lo merecen para ellos? Me pregunto si se refieren a los diez millones de víctimas, a los cinco millones de personas que han recibido beneficios sociales, a los ocho millones de campesinos a quienes se les ha reconocido su identidad y a los miles a los que se les ha entregado tierra, a los jóvenes más vulnerables que han podido comenzar a estudiar con matrícula cero, a las madres cabeza de hogar que reciben renta ciudadana y auxilio para la infancia, a los indígenas que en este Gobierno han sido reconocidos como autoridades ambientales y formalizadas miles de hectáreas de sus territorios.
Quizá se refieren a los miles de artistas precarizados que se quedarán sin Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pues ambos candidatos de las grandes corporaciones han considerado en sus propuestas programáticas acabarlo. ¿Votarán todos ellos y ellas a favor de esta minoría? ¿Votarán los sindicalistas para que les prohíban los sindicatos? ¿Votarán las comunidades LGBTIQ+ para que les quiten sus derechos y los consideren ciudadanas y ciudadanos raros y desviados? ¿Votarán por ellos las familias de los miles de soldados que pasaron a recibir un salario con el cual pueden vivir con dignidad? ¿Votarán por ellos las clases medias que siguen siendo menospreciadas en sus oficios valiosos como profesores, funcionarios, profesionales de la salud, contadores, auxiliares, arquitectos, ingenieros, que han visto que el desempleo y el hambre ceden terreno en el tercer país más desigual del mundo?
La prueba que nos han impuesto esta semana consiste en desestimar, una vez más, la esperanza. A despejar el camino para que vuelva a reinar el egoísmo y la codicia, la ambición y el despojo. Las pruebas son incontestables: al 50 por ciento de los colombianos les corresponde solo el 4 por ciento de la riqueza nacional, mientras que el 10 por ciento tiene el 65 por ciento. El 1 por ciento de la población concentra el 81 por ciento de la tierra productiva. Un cambio comienza a ocurrir cuando nos reconocemos como la inmensa mayoría que ya somos. Esa mayoría que entiende que ninguna transformación social se consigue en cuatro años, que un cambio real no depende tan solo de los gobernantes elegidos sino de que nos convirtamos en ciudadanas y ciudadanos éticos, solidarios y justos.
Ante la evidencia de las enormes movilizaciones que se produjeron el viernes en la plaza de Bolívar —en Bogotá—, La Boquilla —en Cartagena— y el par vial de la carrera 50 —en Barranquilla—, los más de 150 actos realizados por Iván Cepeda y Aida Quilcué en todo el país, en los cuales se han congregado cientos de miles, ante las acciones ciudadanas articuladas por su fuerza y sus propios recursos en cientos de rincones de Colombia, ante los gestos de simpatía por lo que ocurre en este Gobierno, y que no suele publicarse en ninguno de estos medios, la única estrategia posible es crear una ansiedad generalizada para hacernos dudar de nuestra propia fuerza y negar la evidencia. Esa ansiedad se construye con ideas y cifras que quieren contradecir lo evidente: si uno tiene la nobleza de ir a la calle a hablar con la gente del común, y vencer la barrera social, y crear un mínimo de confianza, entenderá que este domingo el voto masivo será por Iván Cepeda y ocurrirá de manera silenciosa, sin anunciarlo: la gente aún sabe que se expone a un castigo por parte de quienes han decidido usar todo su capital desde revistas, redes sociales, bancos, empresas y corporaciones para desestimarnos una vez más. Para decirnos que no merecemos ser parte de nuestro destino, sino espectadores del suyo.
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