Ser presidente

Hoy se cumplen cuatro años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Lejos de ser un texto olvidado, su conclusión principal está más vigente que nunca: Colombia aprendió a vivir en modo guerra. Nuestra historia política oscila entre aperturas democráticas y respuestas militares; entre negociaciones de paz y mano dura. Sea cual sea el gobierno, ese es el dilema perpetuo.

Ahora que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones con la promesa de resolver los problemas estructurales en pocos meses, conviene echar una mirada al pasado. Porque una cosa es ganar la Presidencia y otra gobernar.
Como nos enseñó Max Weber, un gobernante no puede ser juzgado únicamente por sus intenciones o convicciones, por correctas que sean, sino por las consecuencias de sus decisiones. Eso se llama responsabilidad política, y escasea bastante por estos tiempos. 

Uno de los ejercicios más reveladores que hicimos en la Comisión fue conversar durante horas con los expresidentes. Además de reconstruir ciertos pasajes amargos de nuestra historia, aquellas entrevistas terminaron siendo un retrato del poder, de sus límites, y de la condición humana de los gobernantes. Casi todos llegaron convencidos de haber tomado las decisiones correctas, pero se mostraron tímidos a la hora de reconocer sus errores.

César Gaviria se enfrentó a una durísima guerra con Pablo Escobar, al que primero le tendió puentes, y después tuvo que aniquilar. La paradoja es que para matar a Escobar se crearon los Pepes, el grupo de narcotraficantes cuya alianza con sectores de la Policía está ampliamente documentada y que terminó siendo el embrión de las AUC. “Eso fue la DEA”, nos dijo al respecto. 

Cuando hablamos del bombardeo a Casa Verde, el día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, respondió que “eso fueron los militares”. Solo cuando mencionamos el fracaso de los diálogos de Tlaxcala aceptó que quizá su gobierno no debió levantarse de la mesa. Ya sabemos que lo que siguió a esa ruptura fue un baño de sangre.

Ernesto Samper se mantuvo en la versión de que el dinero del Cartel de Cali entró a su campaña a sus espaldas. Reconoció como su mayor error haber cedido a las presiones de Estados Unidos para fumigar con glifosato y militarizar la lucha contra las drogas. Políticas cuyas consecuencias para la población civil fueron y siguen siendo devastadoras. Remarcó sus avances en materia de derechos humanos, pero seguía convencido hasta entonces que las nefastas Convivir, engendro de su gobierno, eran una buena idea “que se la tiró Uribe”. 

Andrés Pastrana defendió el Plan Colombia a capa y espada, convencido de que había sido un éxito. Sobre el Caguán, recordó con emoción su conversación privada con Manuel Marulanda y reiteró la sensación de haber sido asaltado en su buena fe por parte de la guerrilla. 

Cuando le preguntamos por el retiro de la Policía de cerca de doscientos municipios, explicó que obedecía a recomendaciones del Comando Sur de Estados Unidos para evitar que mataran más policías. ¡Vaya consejero! La respuesta que nunca llegó fue por qué, en un gobierno que buscaba la paz, no se logró frenar la tremenda expansión a sangre y fuego de las AUC. 

La entrevista con Álvaro Uribe resultó peculiar. Aunque desconfiaba profundamente de la Comisión, aceptó reunirse con el padre Francisco de Roux en su finca de Rionegro. Se trataba de una conversación reservada, pero él mismo sacó una cámara y comenzó una transmisión en vivo. Mientras los gallos cantaban, Uribe ofrecía jugo a los comisionados, sus hijos los insultaban frente a miles de espectadores. La escena tenía algo de surrealista.

El expresidente leyó un documento de sesenta y dos puntos, que sintetizaban la defensa de su gobierno. Frente a los ‘falsos positivos’ sostuvo que los soldados lo habían engañado. Que él exigía resultados, no asesinatos. Se congratuló por haber desmovilizado a los paramilitares, pero no asumió ninguna responsabilidad frente a la parapolítica o el deterioro de la democracia.

Juan Manuel Santos fue quizás quien mostró mayor disposición a asumir responsabilidades. Luego de destacar el acuerdo de paz con las FARC como su gran legado, reconoció que como ministro de Defensa reaccionó demasiado tarde frente a los ‘falsos positivos’. Aceptó sin reparos que éstos eran consecuencia de la doctrina Vietnam (importada de Estados Unidos), que mide el éxito de una guerra por el conteo de cuerpos. 

Vale la pena recordar que paramilitarismo y ejecuciones extrajudiciales son las dos manchas indelebles del Estado colombiano. Que ambos han ocurrido después de promulgada la Constitución de 1991, por presidentes que han jurado hincarse ante ella. 

Estas conversaciones me dejaron varias sensaciones encontradas. Por un lado, que, aunque este es un régimen presidencialista, los inquilinos de la Casa de Nariño tienen que negociar a muchas bandas. Con los militares, con el Congreso, con Estados Unidos, con los narcos, con los empresarios, con los grupos armados, con la justicia y con corrientes del país que a veces están en orillas opuestas, unos del lado de la paz, y otros que se oponen a ella. 

De otro lado, a pesar de que gobernar a Colombia es extraordinariamente difícil, y requiere acuerdos por encima y debajo de la mesa, un presidente tiene el poder suficiente como para cambiar la historia. Uribe, por ejemplo, destituyó a veintiocho altos oficiales en octubre de 2008 y los ‘falsos positivos’ frenaron en seco. Santos pudo hacer la paz a contravía de medio país. Petro logró mantener su agenda en medio de la feroz oposición de los demás poderes y consolidar a la izquierda. 

Abelardo de la Espriella debería aprender esta lección antes de instalarse en el solio de Bolívar. Ningún presidente ejerce el poder sin restricciones. Todos gobiernan rodeados de presiones, intereses y amenazas. Pero la historia los juzgará menos por las promesas de campaña que por las consecuencias de sus actos. Decisiones que son de vida o muerte para millones de personas, y que definen el destino de la Nación.