El Gobierno saliente presentó un presupuesto con un hueco de 30,2 billones de pesos y una reforma tributaria para taparlo. Un estudio reciente sobre 61 ajustes fiscales en América Latina sugiere que, en países con alta deuda, esa es la vía más costosa.
Por: Luis Alberto Arango
El pasado 29 de julio, el ahora exministro Germán Ávila radicó el último presupuesto del Gobierno Petro: 575,6 billones de pesos, el 27 por ciento del PIB, con un boquete de 30,2 billones que no tiene con qué financiarse. La salida propuesta es una reforma tributaria que, según las propias cuentas del Gobierno, recaudaría 21,9 billones —ni siquiera lo suficiente para tapar el hueco.
Dicho de otro modo: el Gobierno que se va quiere dejar gasto comprometido y la cuenta de cobro sobre el escritorio del que llega. Uno se imagina la escena de Gustavo Petro en la Casa de Nariño —que cobren más impuestos y listo— con la serenidad de quien nunca ha tenido que explicar por qué el Gobierno no hará algún sacrificio de su parte.
Conviene detenerse ahí, porque no se trata de una discusión de preferencias ideológicas sobre si el Estado debe cobrar más o menos impuestos. Se trata de cuál de los dos caminos de ajuste cuesta menos y funciona mejor. Y sobre eso hay evidencia académica.
“…primero se recorta el gasto inoficioso y después se discute cómo aprovechar una reforma tributaria”.
Un estudio publicado hace unos días por la Initiative for Policy Dialogue, de la Universidad de Columbia, de José Ignacio López y Jonathan Malagón —López es profesor de la Universidad de los Andes y dirige el centro de pensamiento ANIF; Malagón enseña en la Universidad Nacional y preside Asobancaria, el gremio bancario—, rastreó informe por informe del FMI las 61 ocasiones en que nueve países latinoamericanos, Colombia entre ellos, decidieron deliberadamente ajustar sus cuentas entre 1989 y 2024 con el fin de reducir el déficit fiscal y midió qué le pasó a cada economía después del ajuste. (1)
Hay dos maneras de hacer ajustes: recortando gasto o subiendo impuestos. El hallazgo es muy útil para el nuevo Gobierno, porque la vía más eficaz no es cobrar más impuestos.
En promedio, da igual cuál se elija: los dos caminos tienen costos parecidos sobre la economía. Pero cuando se separa a los países según cuánta deuda tenían al momento de ajustar, aparece una asimetría brutal. En un país con deuda alta, un ajuste equivalente al 1 por ciento del PIB por la vía tributaria contrae la economía cerca de 3,1 por ciento en el primer año; el mismo ajuste por la vía del gasto la contrae 0,7 por ciento.
Pongámoslo en pesos. Un ajuste del 1 por ciento del PIB son unos 21 billones: prácticamente la reforma tributaria que propuso el Gobierno Petro. Pues bien, en un país endeudado, conseguir ese dinero subiendo impuestos le cuesta a la economía unos 66 billones de producción en el primer año. Conseguirlo recortando gasto le cuesta 15 billones. Es decir, con el mismo ahorro para el fisco —según el estudio— el daño es más de cuatro veces menor.
El segundo hallazgo es más interesante todavía. Los autores midieron si el ajuste efectivamente corrige el balance primario de forma duradera —el balance primario es lo que le queda al Gobierno entre lo que recibe y lo que gasta, antes de pagar los intereses de la deuda; es la parte de las cuentas que sí controla en el año—. El ajuste tributario no lo mueve: tiene un efecto estadísticamente nulo a uno, dos y tres años.
El ajuste por reducción de gasto sí: sube la probabilidad de una corrección duradera en 9 puntos porcentuales a dos años y 16 a tres años. La explicación más plausible es ya conocida: las medidas tributarias se erosionan —exenciones, elusión, reversiones en las cortes y en el Congreso— y obligan a una siguiente reforma. Llevamos trece desde que comenzó el siglo XXI. Ahí está la prueba.
La lógica de fondo es sencilla. Cuando un país debe mucho, endeudarse le sale caro, porque los prestamistas cobran una prima por el riesgo de que no les paguen. El recorte de gasto es una señal de que el Gobierno va a necesitar menos plata prestada en el futuro: presiona esa prima a la baja, el crédito se abarata para todos y eso recupera parte de lo que el ajuste le quita a la economía.
“El informe justificaba el pago, el pago justificaba el cargo, y el cargo no producía nada”.
El alza de impuestos no manda esa señal. Le agrega peso a una economía que ya viene con un lastre, sin comprar credibilidad alguna. Con la deuda neta proyectada en 58,9 por ciento del PIB según el Gobierno —61 por ciento según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el nivel más alto de la historia—, un déficit fiscal que ese mismo comité estima en 7,4 por ciento del PIB y 118 billones al año solo en servicio de deuda, Colombia está inequívocamente en ese estado.
¿Y qué se recorta? Empecemos por algunos ejemplos:
Un análisis, hecho por José David Castellanos, excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, sobre más de 105.000 contratos registrados en SECOP muestra que la contratación por prestación de servicios en los ministerios pasó de 12,1 billones en 2022 a 19,3 billones en 2025: 7,2 billones adicionales, cerca de 7.000 cupos nuevos. Los incrementos por entidad son elocuentes: 154 por ciento en Salud, 285 por ciento en Trabajo, 1.985 por ciento en Cultura.
Según cifras de la Contraloría General citadas por el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solo en enero de 2026 —el mes previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías— se firmaron 523.000 contratos de prestación de servicios por 33 billones de pesos.
Transparencia por Colombia, por ejemplo, documentó que la Agencia Nacional de Tierras, con 216 funcionarios de planta, vinculó 6.273 contratistas en seis meses.
Nada de esto lo inventó el Gobierno Petro, pero sí abusó descaradamente de la fórmula de hacer masivas contrataciones discrecionales por parte del Estado.
Hace unos días supe de una Superintendencia donde varios contratistas de alto perfil —’corbatas’, como se les llama coloquialmente a quienes reciben contratos sustanciosos del Estado sin aportar nada al aparato productivo del país— les pagaban a terceros entre 500.000 y 1,5 millones de pesos mensuales para que les redactaran sus propios informes de actividades. Esa era toda la tarea. El informe justificaba el pago, el pago justificaba el cargo, y el cargo no producía nada. Multiplíquese por unos miles y ahí empiezan a aparecer ahorros sustantivos.
“Es decir, con el mismo ahorro para el fisco —según el estudio— el daño es más de cuatro veces menor”
Ese es el primer trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: revisar con lupa la nómina paralela de cada entidad, desde los ministerios hasta las superintendencias, pasando por cientos de otras entidades estatales. No como gesto simbólico de austeridad, sino porque, según la evidencia, ajustar el costo del Estado es la vía que menos producción le cuesta al país y la única que endereza las cuentas de manera duradera.
Nada de esto significa que no haya que tocar el estatuto tributario. Significa que hay que tocarlo para otra cosa: para encender el motor empresarial, no para tapar un hueco fiscal.
Hay mucho que se puede hacer en ese frente. Bajar la tarifa corporativa de renta y diferenciarla entre gran empresa y pyme. Permitir que una inversión capitalizada que se pierde en una apuesta empresarial fallida se deduzca de renta —hoy solo se puede si la plata fue prestada, lo que castiga precisamente a quien arriesga capitalizando una empresa—. Permitir que una venta a plazos superiores a un año tribute en la misma periodicidad en que se recibe el pago, y no toda de golpe en un solo año. Incentivar la compra de maquinaria y la formación especializada del personal. Premiar tributariamente la inversión en las regiones frente a la que se hace en las grandes ciudades, para descentralizar de verdad y no por decreto.
Cada uno de estos puntos ameritaría columnas exclusivas y faltaría incluir más iniciativas. Pero el orden del ajuste fiscal importa: primero se recorta el gasto inoficioso y después se discute cómo aprovechar una reforma tributaria. Al revés, el resultado es más costoso y la historia termina mal.
(1) López, José Ignacio y Jonathan Malagón (2026). Fiscal Adjustments in Latin America: The Role of Composition and Public Debt. Initiative for Policy Dialogue, Columbia University, 28 de julio de 2026. Disponible en ipdcolumbia.org
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