Contraloría y Procuraduría alertan por millonarios pagos y contratos del Fomag

Durante cuatro años, el Fomag ha estado bajo escrutinio público. Ahora, a pocas semanas de que termine el Gobierno, la Contraloría advierte sobre un presunto detrimento de casi 28.000 millones de pesos por pagos pensionales, una cifra que podría ser mucho mayor. La Procuraduría, por su parte, pide frenar una nueva contratación tecnológica que podría duplicar una solución ya comprada. Además, una respuesta de Fiduprevisora confirma pagos por más de 1,5 billones a operadores de salud mediante contratos de transacción, en uno de los capítulos financieros más delicados del modelo de salud del Magisterio.

El Fomag es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. De allí salen recursos para prestaciones sociales, pensiones y servicios de salud de los maestros. Fiduprevisora actúa como vocera y administradora de esos recursos. Por eso,las nuevas alertas de los organismos de control tienen impacto directo sobre plata pública y sobre un sistema que atiende a docentes, pensionados y sus familias.

En la auditoría financiera al Fomag, vigencia 2025, la Contraloría estableció, sobre una muestra auditada, pagos presuntamente irregulares por 27.982.212.713 pesos. Según el ente de control, Fiduprevisora realizó pagos de prima de mitad de año a docentes pensionados sin cumplir los requisitos constitucionales y legales o, en otros casos, pese a que existían decisiones judiciales ejecutoriadas que ya habían negado ese derecho.

Sobre una muestra de 1.006 casos revisados, la Contraloría cuestionó 995 pagos por prima de mitad de año. De ellos, 768 correspondían a docentes que causaron su pensión después del 31 de julio de 2011 y 227 a docentes que recibieron el pago pese a tener sentencias judiciales en firme que les negaban ese derecho.

Según la Contraloría, la prima de mitad de año solo procedería para docentes nacionales o nacionalizados que ingresaron al Magisterio entre el 1° de enero de 1981 y el 26 de junio de 2003, siempre que cumplieran las condiciones pensionales fijadas por la ley. No tendrían derecho quienes cuentan con pensión gracia o regímenes incompatibles, quienes ingresaron antes de 1981, quienes causaron la pensión después del 31 de julio de 2011, quienes superaban los tres salarios mínimos en el periodo de transición, ni quienes ya tenían fallos judiciales en firme que negaban ese reconocimiento.

Para justificar esos pagos se invocó una decisión del Consejo Directivo del Fomag del 19 de junio de 2024. Pero, al revisar el acta de esa sesión, la Contraloría no encontró que la llamada “Mesada 15” hubiera sido discutida, votada o aprobada ese día. Es decir, los giros se habrían soportado en una decisión que no aparece en el acta.

La cifra podría ser mucho mayor. En febrero pasado publiqué en CAMBIO una investigación que reveló que una revisión interna del Fomag había identificado 15.808 pagos presuntamente irregulares por más de 260.437 millones de pesos por concepto de prima de mitad de año. Hoy, la Contraloría confirma la gravedad del caso. En una muestra parcial de esos pagos encontró un presunto detrimento patrimonial de casi 28.000 millones. Ese monto no sería el total, sino el primer cálculo fiscal sobre una parte de los pagos bajo sospecha.

Ese frente pensional se conecta con otro caso igual de sensible y multimillonario: los pagos a operadores del modelo de salud del Magisterio. En abril publiqué en CAMBIO que Fomag y Fiduprevisora estaban bajo la lupa por reconocimientos superiores a 1,1 billones a operadores de salud mediante contratos de transacción, sin que mediara una sentencia judicial. Esa investigación también advertía que el pago no habría sido analizado de fondo por el Consejo Directivo del Fomag.

La decisión de aprobar pagos derivados de amigables composiciones habría salido adelante con cuatro votos: los de los ministerios de Hacienda y Educación, y los de los dos representantes de Fecode, Cristian Rey y Georgina Arroyo. Sin embargo, esa aprobación no puede presentarse como una decisión unánime del Comité Ejecutivo de Fecode. Una constancia conocida sobre el caso señala que no toda la dirección de la Federación acompañó esa determinación.

Ahora el panorama es más amplio. Una respuesta oficial de Fiduprevisora confirma que los contratos de transacción no fueron por 1,1 billones, sino por 1.685.408.670.770 pesos con diez operadores del modelo de salud. De esa suma, según la propia entidad, ya se habían pagado 1.509.842.153.398 con corte a diciembre de 2025. Lo que comenzó como una investigación periodística hoy aparece confirmado y ampliado por la administradora de los recursos del Fomag.

El otro frente abierto está en la contratación tecnológica. La Procuraduría advirtió que el Fomag ya había contratado en 2024 con Sumimedical el sistema Horus, una plataforma tecnológica adquirida con licencia a perpetuidad para gestionar información del modelo de salud del Magisterio. Ese contrato, identificado con el número 12076-162-2024, superó los 38.000 millones de pesos e incluía alojamiento, infraestructura, administración, soporte, actualizaciones y desarrollos adicionales.

Horus no es un programa accesorio. Es una plataforma por la que pasa una parte crítica de la operación del modelo de salud de los maestros. En mayo publiqué en CAMBIO que Horus Healthsoporta procesos como citas, autorizaciones, facturación, información de afiliados y otros datos necesarios para la atención. También quedó documentado que, según el Fomag, Sumimedical habría suspendido o degradado funcionalidades del sistema, y que desde la gerencia jurídica se promovió una tutela para proteger a 838.168 afiliados del magisterio.

Fiduprevisora abrió una nueva invitación para contratar una solución tecnológica tipo SaaS para la gestión de los servicios de salud del Fomag, por 4.883.512.736 pesos. El problema, según la Procuraduría, es que esa nueva contratación podría coincidir con servicios ya adquiridos mediante Horus: licenciamiento, soporte, actualizaciones, interoperabilidad y continuidad operativa.

La alerta está en que el Fomag ya había comprado una plataforma tecnológica a perpetuidad por más de 38.000 millones de pesos para atender una necesidad sustancialmente similar. Por eso, la Procuraduría pidió suspender el trámite y advirtió riesgos de doble contratación, afectación al patrimonio público y eventual nulidad del negocio jurídico.

El documento de la Procuraduría también deja una contradicción delicada. Según el Ministerio Público, en una visita del 3 de junio de 2026 Fiduprevisora informó que no adelantaría nuevos procesos de contratación relacionados con Horus. Pero la nueva invitación ya tenía certificado de disponibilidad presupuestal del 5 de mayo de 2026 y fue publicada en junio. Es decir, el proceso ya existía cuando la entidad dijo otra cosa ante el órgano de control.

El Fomag administra recursos de los maestros, de los pensionados y de un sistema de salud especial que lleva años en crisis. El Gobierno Petro termina con estos frentes abiertos: un presunto detrimento fiscal en pagos pensionales, contratos de transacción por más de 1,5 billones de pesos con operadores de salud y una contratación tecnológica que la Procuraduría pidió frenar por posible duplicidad.

Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, ha intentado frenar pagos y ordenar el manejo de recursos públicos en un fondo atravesado por investigaciones y advertencias de los órganos de control. No ha sido una tarea menor: su gestión ha generado resistencias y ya se ha intentado apartarlo. Con el cambio de gobierno, la pregunta es si quienes quieren sacarlo lograrán hacerlo justo cuando más se necesita claridad sobre los pagos pensionales, los contratos de transacción y la contratación tecnológica del Fomag.