Por estos días ha sido reeditado, en una edición de lujo, Historia de un entusiasmo, el libro que Laura Restrepo publicó hace cuarenta años bajo el título Historia de una traición. Es la crónica de cómo se desmoronó el proceso de paz impulsado por Belisario Betancur, asediado por provocaciones, muchas de ellas provenientes de agentes del propio Estado. No es casual que el M-19 terminara justificando la insensata toma del Palacio de Justicia como una respuesta a la traición del Gobierno, a su perfidia.
El Estado colombiano arrastra desde hace décadas la reputación de incumplir la palabra empeñada en los procesos de paz. Su mala fama comenzó tras el asesinato a mansalva de Guadalupe Salcedo, poco después de haber entregado las armas durante la ‘falsa paz’ de Gustavo Rojas Pinilla. Ese crimen explica en parte que las autodefensas comunistas se negaran a entregar las armas, a pesar de que respaldaban al Frente Nacional. Los fierros reposaban en caletas, supuestamente, aunque no faltaban los actos de pillaje. Aquella tensa paz de finales de los cincuenta se rompió del todo en enero de 1960, cuando fue asesinado Jacobo Prías Alape, ‘Charro Negro’, episodio narrado con lujo de detalles por Pedro Claver Téllez en Punto de quiebre.
A ‘Charro Negro’ lo mandó matar el general Mariachi, jefe de los liberales “limpios” del Tolima, que gozaba de protección del Gobierno. Cuenta Claver Téllez que Manuel Marulanda Vélez, cuñado y amigo entrañable del difunto, se cansó de perseguir a policías y jueces para que hicieran justicia. Entonces, sintiéndose traicionado, decidió volver a las armas. "Muchachos, se acabó la pacificación. Mataron a ‘Charro’ y en la lista seguimos nosotros (…) ya no hay nada que hacer; entregamos las herramientas de trabajo y sacamos los fusiles”, consta en uno de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad.
‘Tirofijo’, un hombre de memoria vengativa, era la encarnación de la desconfianza hacia los gobiernos. El exterminio de la Unión Patriótica y el asesinato de Carlos Pizarro en un avión, poco después de la desmovilización del M-19, le confirmaron la idea de que el Estado colombiano no era capaz, aunque quisiera, de cumplir con la palabra empeñada.
Algo similar le escuché decir Iván Roberto Duque o ‘Ernesto Báez’ poco antes de su muerte. Refiriéndose a la extradición de los jefes de las AUC dijo: “Si nos traicionaron a nosotros, que éramos amigos, ¿qué no harán con sus enemigos?”. Porque ciertamente los exparamilitares sienten que a ellos también los traicionaron.
Ese miedo obsesivo a la traición marcó toda la negociación de La Habana. Iván Márquez insistió en blindar el Acuerdo para que quedara consignado como un convenio internacional e impedir que un gobierno posterior al de Santos pudiera desconocerlo. ¡Vaya precaución! Claro que ese blindaje jurídico no evitó el entrampamiento a Santrich, que arreció el pavor de Márquez a ser extraditado. Preso de sus miedos, terminó empuñando de nuevo las armas y traicionando él mismo lo que había firmado.
En cambio, la inmensa mayoría de los antiguos integrantes de las FARC ha permanecido en la legalidad contra viento y marea, haciendo de tripas corazón. Porque el asesinato de cerca de 500 de los excombatientes es una verdadera vergüenza para un Estado que se comprometió a protegerlos. Actualmente hay alrededor de 13.000 hombres y mujeres en proceso de reincorporación, en un esquema integral que, aunque no es perfecto, los ha dignificado. Ellos a su vez han cumplido con su compromiso de verdad y aporte a la reconciliación.
La JEP y la Comisión de Búsqueda, que no dependen de los gobiernos, también han cumplido su parte, tal como lo hizo la Comisión de la Verdad. De hecho, y aunque la derecha no lo reconozca, la mayoría de los casos que abrió la JEP tratan sobre crímenes de guerra cometidos por las FARC. Entre secuestro y reclutamiento de menores, el antiguo secretariado ha reconocido más de 30.000 hechos. ¿Acaso eso no es justicia?
Otro cantar son los puntos que apuntan a cambios estructurales y que necesitaban un verdadero Plan Marshall. La reforma rural, la sustitución de cultivos, la presencia integral del Estado en los territorios y el desarrollo regional han avanzado con una lentitud desesperante y han dejado el espacio para que otros grupos armados tomen el control de inmensas regiones. Esto se debe, en parte a que el Estado no creó instituciones fuertes para cumplir el acuerdo. Al caído caedle, dice el viejo proverbio: a unas instituciones ya débiles, ahora les dictan la sentencia de muerte.
Abelardo de la Espriella anuncia, de frente, que no implementará el Acuerdo de Paz, y que buscará revertir lo que ya funciona. Incluso, que se empeñará en que Rodrigo Londoño, el hombre que firmó la paz con Juan Manuel Santos, se pudra en una cárcel por el resto de su vida. Falta saber si ese asco por los criminales de guerra, y esa sed de supuesta justicia se hace extensiva a Salvatore Mancuso, a quien tanto admira el nuevo presidente.
Es cierto que el Acuerdo cuenta con importantes blindajes jurídicos y que desmontarlo por completo sería extraordinariamente difícil. Ni siquiera Iván Duque, que llegó al poder prometiendo hacerlo trizas, pudo lograrlo. Pero el daño político y simbólico que representa De la Espriella es aterrador. En un país donde la violencia ha encontrado tantas veces justificación en la perfidia del Estado, ese mensaje puede tener consecuencias nefastas.
Se equivoca también el presidente electo al presumir que el Acuerdo de Paz pertenece a las FARC. No es así. Pertenece a las víctimas y a los habitantes de los territorios que más han sufrido. Desconocerlo no es un acto contra los excombatientes de la guerrilla, sino contra millones de campesinos que siguen esperando una presencia efectiva del Estado.
La perfidia no es solamente un concepto del derecho de la guerra. En política significa la traición deliberada a la confianza depositada en un Estado. Ocurre cuando se induce a un adversario a asumir un riesgo, como dejar las armas, y luego se desconocen los compromisos que hicieron posible esa decisión. Es una falta de honor, y si se quiere, una verdadera traición a la patria.
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