El cierre del Muelle 13 dejó a 170 personas sin empleo formal, no le dio nada a los pescadores que decía el anterior Gobierno proteger y hoy amenaza al Estado con un pleito millonario. El terremoto le da a la nueva administración la ocasión de deshacer ese daño.
El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto dejó a Colombia de luto. El epicentro estuvo en Chocó, pero la onda golpeó al Eje Cafetero, al Valle y al Pacífico, y Buenaventura, nuestro principal puerto sobre ese océano, quedó entre las ciudades afectadas. Frente a esa tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica el pasado 19 de agosto.
Con esta medida, el Gobierno podrá expedir, entre otras cosas, decretos con fuerza de ley para reactivar el tejido productivo y generar empleo en las zonas damnificadas: el propio decreto plantea, ante la dimensión de las afectaciones, la inmediata adopción de medidas excepcionales para “garantizar la continuidad de la actividad productiva, la protección del empleo y la reactivación económica” de los municipios afectados, y reconoce que los cierres portuarios y aeroportuarios golpean la economía regional.
Pues bien: hay una medida que encaja casi perfecto en ese propósito y que no le cuesta un solo peso al erario. Reabrir el Muelle 13 de Buenaventura.
Recordemos la historia. El Muelle 13, terminal especializado en graneles cuya concesión pertenece a Ventura Group —quien lo había operado desde hace más de 20 años—, está cerrado desde el 2 de enero de 2025, cuando la ANLA suspendió sus operaciones por presuntos incumplimientos ambientales. Esa medida no cayó del cielo: fue el último capítulo de un pulso que el propio Gustavo Petro reconoció públicamente. El mandatario dijo que buscaba quitarle el control del puerto a los privados para entregárselo a cooperativas de pescadores artesanales.
Sin embargo, quienes conocen los detalles del caso coinciden en señalar que la verdadera razón fue un conflicto político entre el entonces presidente y el máximo accionista de Ventura Group, más que una preocupación ambiental.
Para forzar la postura gubernamental, la ANI intentó, en enero de 2024, revocar la prórroga de la concesión, ya autorizada en diciembre del año anterior. Pero la justicia frenó el intento una y otra vez: el Tribunal del Valle suspendió las resoluciones de la ANI y el Consejo de Estado lo ratificó. El resultado fue contrario a lo que Petro quería.
El Gobierno no se quedó de brazos cruzados y encontró otro camino: expedir en enero de 2025 una resolución de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), al amparo de supuestos incumplimientos ambientales, para suspender la operación de la concesión. Decisión que la Procuraduría calificó de desproporcionada e irrazonable y pidió revocar.
“En agosto de 2026, es decir 18 meses después de la resolución de la ANLA, el Muelle 13 sigue cerrado y a su suerte…”.
La resolución fue un disparo fulminante. Dejó a la concesión sin piso: despidieron de un día para otro a unas 170 personas —indemnizadas conforme a la ley, sí, pero en la calle— y se estima que otros 400 trabajadores indirectos dejaron de recibir su sustento.
La medida creó desempleo formal, del que sostiene una familia. ¿Y el empleo prometido a los pescadores? Nunca llegó. En agosto de 2026, es decir 18 meses después de la resolución de la ANLA, el Muelle 13 sigue cerrado y a su suerte, con el concesionario pasando solo a verificar que las instalaciones no se deterioren y perdiendo dinero mensualmente a la expectativa de una solución por parte del Estado. Eso sí es un verdadero detrimento patrimonial: un terminal construido y equipado, pudriéndose por no usarse.
Y aquí está lo más vergonzoso. Según la información que conozco, fue el propio concesionario —y no el Gobierno Petro— quien ofreció soluciones reales a los pescadores artesanales: operar en un puerto separado del industrial e, incluso, darles una participación en la concesión, mediante un mecanismo que se acordaría con el Gobierno.
Habría sido extraordinario para una comunidad de Buenaventura: no una dádiva, sino propiedad y renta. El Gobierno Petro ni siquiera quiso explorar las propuestas. Supongo que una solución real le estorbaba: era más fácil mantener el conflicto polarizado que resolverlo. Hay gobiernos que buscan puntos en común para destrabar; otros prefieren dejar el nudo apretado para siempre. Hoy, los pescadores no tienen nada de lo que el anterior Gobierno les auguró.
Es cierto que hubo señalamientos ambientales, aunque cuestionables, no lo ignoro. Pero una cosa es exigirle al operador que subsane esos señalamientos, si es que eran de fondo, y otra muy distinta mantener cerrado por más de año y medio un terminal cuya suspensión la propia Procuraduría pidió revocar por carecer de fundamentos. En medio de una emergencia nacional, la lógica se impone: habilitar la operación y exigir el cumplimiento en paralelo, no al revés.
Los beneficios de reabrir hablan por sí solos. Se reincorporaría de inmediato el empleo perdido —esas 170 personas seguramente volverían a ser contratadas, más los cientos de trabajos indirectos que dependen de la operación— en una ciudad que necesita ingresos con urgencia.
Adicionalmente se harían, en los primeros años, inversiones por cerca de 10 millones de dólares, tal y como tenía previsto la concesión. Se devolvería al sistema portuario capacidad para más de 50 barcos al año y 50.000 toneladas de almacenamiento hoy fuera de servicio. Y se aliviaría la congestión de la bahía. Los alimentos del agro colombiano —maíz, soya, fertilizantes— entran por ahí, y cada día de cierre del Muelle 13 encarece innecesariamente los alimentos y afecta la seguridad alimentaria del país.
“Los beneficios de reabrir hablan por sí solos. Se reincorporaría de inmediato el empleo perdido en una ciudad que necesita ingresos con urgencia”.
Reactivarlo, además, no exige una obra ni una partida del presupuesto. El muelle está listo para operar y en esencia dependería de dos actos administrativos: la firma de un otrosí al contrato por parte de la ANI y el levantamiento de la medida ambiental por parte de la ANLA.
Hablo, seguramente, desde la comodidad de la distancia: no serán dos firmas tan simples, habrá trámites y condiciones de por medio. Pero, frente a la magnitud del beneficio y a la urgencia de la reactivación, el esfuerzo administrativo es mínimo comparado con lo que se destraba.
Y hay un segundo problema que se resuelve en la misma operación. Como era previsible, Ventura Group ya interpuso una demanda contra el Estado por el cierre; un pleito que a valor presente puede rondar los 35 millones de dólares. Sentarse a reactivar el muelle es también la ocasión para desactivar el pleito antes de que se convierta en una condena.
No me cabe duda de que el concesionario preferiría retomar su operación y generar empleo cuanto antes que ganarse una indemnización por vía judicial.
“Sentarse a reactivar el muelle es también la ocasión para desactivar el pleito antes de que se convierta en una condena”.
Por eso propongo, de manera respetuosa, que el Gobierno, en el marco de la emergencia económica, considere la reapertura del Muelle 13 entre las medidas de reactivación del Pacífico, incluyendo un capítulo de apoyo a los pescadores artesanales, de la mano del concesionario. Más allá de quién termine operándolo profesionalmente y con experiencia, lo urgente es ponerlo a producir.
Buenaventura recibiría parte del alivio que necesita con urgencia: empleo formal, mayor actividad económica e inversión. Reabrir el muelle es, además, descongestionar el puerto, es comercio internacional fluyendo, es un pleito millonario menos contra el Estado, es un mensaje de seguridad jurídica para los inversionistas y, de paso, es un mejor futuro para los pescadores artesanales.
La tragedia del terremoto sí admite decisiones sensatas y rápidas. Reabrir el Muelle 13 es una de las más fáciles de tomar y de las más útiles de ejecutar.
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