En el 2023 la Unidad de Víctimas decía que Colombia necesitaría 301 billones de pesos para reparar a las 9,5 millones de víctimas del conflicto armado. La magnitud de nuestra tragedia es tan grande, tan triste y desoladora, que el padre Francisco de Roux, quien fuera el presidente de la Comisión de la Verdad, solía repetir en distintos escenarios: “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado, tendríamos que estar en silencio durante 17 años”. Una infografía reciente de DeJusticia muestra que entre 2012 y el 2031 el Estado colombiano presupuestó 213 billones de pesos para cumplir con la reparación. La Unidad de Víctimas, creada en 2012, tiene una misión clave: coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación que el Estado debe dar a las víctimas del conflicto armado.
Durante 2023 hubo varias denuncias sobre algunas prácticas irregulares dentro de la Unidad y la Mesa de participación de víctimas. La integrante de la Mesa Nacional de Víctimas, Patricia Riveros, en un evento en la Universidad Nacional en diciembre, denunció públicamente lo que llamó corrupción en el manejo de compensaciones a la mesa de víctimas. “No es posible que haya compañeras que reciban tiquetes, sabiendo que las compañeras se van por tierra”, dijo entonces para el aplauso de los asistentes. La señora Riveros, denunciada por la misma mesa de participación y que también reconoce haber recibido esos recursos, afirma que hay sobrecostos en eventos organizados por la Unidad de Víctimas en distintas regiones del país, donde se reportaron gastos excesivos en transporte, alojamiento y alimentación. Hay también cartas enviadas a la Unidad desde septiembre del año pasado hablando de costos desproporcionados en pagos de transporte.
Según un informe de la contraloría, en algunos casos se pagaron transportes aéreos sin ningún tipo de soporte, aunque los viajes se hacían por carretera. Además, se detectaron irregularidades en los pagos por alojamiento, pagándose más de lo necesario sin la documentación que lo justificara. Incluso, hay evidencia de que se pagaban “comisiones” por algunos de esos alojamientos. La Contraloría realizó una investigación -publicada en junio pasado- sobre estas irregularidades y encontró que, entre agosto y octubre de 2023, hubo un presunto daño fiscal de 560 millones de pesos. Este daño, dice, fue causado por la falta de supervisión de los contratos relacionados eventos organizados por la Unidad de Víctimas.
En el informe se señala que algunos pagos a los participantes de las Mesas de Participación, que representan a las víctimas, se hicieron sin cumplir con los requisitos establecidos en los contratos, lo que generó un detrimento patrimonial para la entidad. La Contraloría encontró que los montos correspondientes a transporte ($424.935.980), alimentación en ruta ($67.671.500) y alojamiento en ruta ($63.554.500), no tenían los soportes que se establecían en el mismo contrato de la Unidad de Víctimas. La supervisión de la Sub-Dirección de Participación, encargada de estos asuntos, autorizó pagos sin verificar los requisitos. Esto incumple los principios de contratación estatal y genera un detrimento del patrimonio público, dice el informe.
Una fuente consultada para esta columna explica que se partía del principio de buena fe de los integrantes de la Mesa de participación. “Apenas pasaban cuentas de cobro, a veces llenadas a mano, con un valor X por transporte o alojamiento, y se desembolsaba la plata. Pero muchas veces era mucho más de lo que realmente se había gastado”, me dijo. Lo cierto es que en este país de escándalos de corrupción de miles o billones de pesos, esto parece poco, pero no lo es. Hay casos de víctimas a las que les han dado 200 mil pesos, mucho menos de lo que se pudieron apropiar algunos de sus representantes cobrando sobrecostos en pasajes o cuartos de hotel.
