Las alarmas por los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han silenciado en Colombia en los últimos meses, pese a que esta cifra sigue en aumento, alcanzando récords históricos. Irónico. Una sola razón explica esto y es que los que se dedicaban a hacer resonar esos mensajes, ahora están en el gobierno y hoy son los responsables de hacer algo para contener esta lamentable situación.
Así como se oye. La incapacidad para detener esos asesinatos fue una de las principales críticas del entonces senador Gustavo Petro contra el expresidente Iván Duque. Peor aún, fue una de sus plataformas de campaña para el gobierno del cambio. Pero desde que es el presidente Petro se posesionó el 8 de agosto de 2022, este preocupante problema se ha recrudecido. De mal en peor.
Solo 12 días después de la entrada de esta administración, ocurrió uno de los asesinatos más icónicos, en Puerto Wilches, que acabó con la vida del líder social Carlos Eduardo Rincón Silva. Fue crónica de una muerte anunciada.
Todo muestra que su homicidio habría podido evitarse. Rincón Silva recibió cuatro amenazas en 2021 y cinco en lo que había corrido de 2022. Todas venían del Clan de Golfo y eran claras y contundentes: lo iban a matar.
Rincón Silva denunció varias veces estas amenazas ante las autoridades y la Fiscalía, pero nada sucedió. El pasado 10 de agosto, el Clan del Golfo lo amenazó de nuevo con un panfleto, estableciendo que era un objetivo militar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La Unidad Nacional de Protección, UNP, le otorgó amparo por trámite de urgencia, pero poco tiempo después le desmontaron el esquema por falta de recursos y personal. Posteriormente el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, como respuesta a una tutela interpuesta por el derecho a la vida, ordenó que protegieran a este líder social, ya que su riesgo de muerte era inminente.
La Policía entonces le otorgó una protección que parece salida de una tragicomedia. Consistía únicamente en “llamadas telefónicas y monitoreo con el propósito de reiterar las medidas de autoprotección”. Algo claramente insuficiente para este caso y que también es la “protección” que hoy en día reciben varios líderes sociales que están amenazados de muerte por su trabajo de defensa de los derechos humanos.
El 12 de agosto de este año, cinco días antes del asesinato de Rincón Silva, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, el grupo que analiza el riesgo para sugerir medidas de protección en la UNP, concluyó que su riesgo era “extraordinario”. Pese a eso, solo aconsejaron otorgarle un escolta, un chaleco blindado y un teléfono. ¿Qué tal no hubiera sido riesgo extraordinario?
Las medidas de protección nunca llegaron a implementarse. El 18 de agosto, dos sicarios que se movilizaban en una moto, vaciaron su revólver en el cuerpo de Carlos Eduardo Rincón Silva cuando circulaba en mototaxi por el barrio de Villa Pinzón.
Es cierto que este asesinato ocurrió muy poco tiempo después de que el presidente Petro se hubiera posesionado y que no tenía tiempo el actual gobierno del cambio para realmente hacer un cambio. Pero la gravedad del asunto es que hasta ahora poco, valga la redundancia con los lectores, ha cambiado en este tipo de procedimientos o frente a la situación de riesgo de los líderes sociales.
El Plan de Emergencia para la protección de defensores, líderes sociales y firmantes de paz, que fue promovido por organizaciones de derechos humanos y la Comisión de Paz del Senado, acompañadas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue presentado el 5 de agosto y el presidente Petro lo sumó a su plan de gobierno.
Una de las 49 medidas de ese plan fue la conformación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe verificar que se cumpla la estrategia y recomendar cómo aplicarla, así como evaluar y sacar a las personas más amenazadas de los territorios. Bien lo dijo el conde de Romanones, jefe de Gobierno de España a principios del siglo XX: “Si quieres retrasar, o distraer la solución de un asunto, crea una comisión”.
Pero no solo fue eso. El gobierno anunció en sus comienzos un plan de emergencia para proteger a los defensores de derechos humanos, pero hasta donde es conocido eso ha quedado en el olvido, salvo por unas reuniones que se hacen en los territorios, bajo el concepto de Plan de Mando Unificado por la Vida.
Recién posesionado, el presidente Petro también dio una orden a través de Twitter, en la que anunciaba que los jefes militares se medirían por disminución de muertes y no solamente por bajas o capturas. Sin embargo, nada de esto ha tenido un impacto real en la protección de los defensores de derechos humanos. Lo de trínese y cúmplase no parece muy efectivo cuando se habla de proteger la vida de los líderes sociales.
Lo que es claro, es que hasta ahora no ha habido reformas estructurales al programa de protección, que es totalmente ineficiente y está desbordando. Y, peor aún, el gobierno ni siquiera ha nombrado al consejero de Derechos Humanos, persona que debería estar encima de este tema, velando por la protección de los líderes sociales.
El 7 de septiembre de 2019, el entonces senador Gustavo Petro trinó: “En un día asesinados 6 lideres sociales y 2 excombatientes de las Farc. El gobierno en su incapacidad ha dejado que la violencia estalle. La mafia se toma el territorio y la política colombiana y solo usted puede detenerla con su voto. No vote por mafias políticas”.
Los votos fueron por Petro. Y la violencia sigue estallando de lo lindo. Como documentó el director asociado en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, Colombia cerró 2022 con más de 200 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pappier publicó una tabla con el nombre, fecha, municipios y departamento de cada uno de estos crímenes ocurridos en diciembre pasado.
Y así como desde esta columna fuimos implacables con esta situación frente al gobierno anterior, toca serlo igual con esta administración, porque el problema se está agravando. Las cifras de asesinatos de líderes sociales han ido aumentando y en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2016 ocurrieron 133 asesinatos de líderes sociales, en 2017 fueron 126 lamentables muertes, en 2018 subieron a 178, en 2019 bajaron a 134, en 2020 fueron 139, mientras en 2021 se registraron 145. Como ya dijimos, en el año que acabamos de cerrar la dolorosa cifra arroja al menos 200 asesinatos de defensores de derechos humanos, para un total de 1000 líderes sociales exterminados desde 2016.
Es cierto que las causas de la violencia en contra de los defensores de derechos humanos son múltiples y estructurales. También que es complicado revertir dinámicas de violencia en los territorios y cambiar la forma de trabajo de las autoridades locales, en tan poco tiempo. Pero lo que está en juego son las vidas de estas personas y por eso algo tiene que cambiar inmediatamente.
El gobierno del cambio poco ha hecho para que esto cambie. Y en eso se hace importante recordarle a esta administración la reflexión del escritor francés Marcel Proust: “Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia”. Menos trinos y más tino en esta labor, señor presidente, no sea que su trabajo en ese tema de la protección de los líderes sociales pase a la historia como incapaz total.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
