En los últimos años, más exactamente desde 2016, el país asistió a un proceso que no había sido reportado con tal nivel de detalle, y en la magnitud del evento: la deforestación en todo el país, especialmente, lo que ocurría en los territorios de la región amazónica, otrora controlados en vastas zonas por las Farc.
Un par de años después, en 2018, el país asistía a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, donde tímidamente se señalaba la necesidad de definir una frontera agropecuaria en el marco de un proceso de Reforma Rural Integral. Un preludio de lo que vendría.
Paralelamente y hasta hoy, cientos de miles de hectáreas fueron arrasadas, sus bosques desaparecieron, y el paisaje se transformó aceleradamente, durante la entrada de nuevos pobladores, heterogéneos entre sí, a los territorios de la antigua frontera agropecuaria. Nuevos y viejos grupos armados se empezaron a reconfigurar, en medio de grandes y pequeños lotes, unos con el campesinado sin tierra, y otros, con el olor de fortunas inexpugnables y de dudosos orígenes.
La fiebre de la tierra pública arrebatada, barata, o regalada, sumada a las inversiones del Estado desordenadas, o curiosamente, enfocadas en las nuevas zonas de acaparamiento de tierras, se dio mientras millones de cabezas de ganado entraron al país, y un gran porcentaje se dispuso en las nuevas “fincas”, aun con las cenizas calientes del bosque tumbado y quemado.
Entre el desorden del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la paquidermia del proceso de asignación de tierras a población vulnerable, las dificultades en los procesos de consolidación de los Espacios de Capacitación Territorial y Reincorporación -ECTR-, y la amenaza explícita a las autoridades ambientales y comunidades locales, se fue consolidando en los territorios esa tendencia donde las tierras de los últimos bosques públicos del país son un botín para el más fuerte.
Paradójicamente, en estos años, los altos precios del oro y la coca -“enfermedades del norte” derivadas de la pandemia-, sumados a las tierras valorizadas, a fronteras porosas sin ley, llenas de dragas, pacas y otros fierros; al comercio del ganado que sirvió para su consolidación, crearon una economía poderosa, que alimenta ejércitos, funcionarios, políticos, empresarios y toda suerte de bandidos cuya dinámica es el statu quo en donde se vive la guerra día a día, además de un conflicto que se expande en el continente por selvas, sabanas y mares.
En medio de este desastre ambiental y social, indígenas, negros, campesinos, productores y empresarios rurales, hastiados de años enterrados en el ciclo de la guerra, se han aferrado a sus territorios, tratando de sobrevivir, de una parte, a las confrontaciones armadas entre quienes, en nombre de sus derechos, se autoproclaman como gobierno; pero de otra, a la rapiña de la política tradicional, que lejana, sigue engullendo las pocas esperanzas de transformación territorial.
Pululan hoy la invasión de resguardos y territorios colectivos, reservas campesinas de latifundio, ríos con dragas, sabanas desapareciendo, parques naturales oliendo a boñiga, reservas forestales quemadas, humedales con búfalos, piedemontes pelados, tractores destrozando suelos, tubos reventados y plataformas en medio de santuarios, pedazos de selva entre potreros, trochas y comunidades confinadas por minas, agroindustria resoplando en la frontera agropecuaria, cocales en los jardines y paradójicamente, crisis del mercado cocalero, entre otros males, por esta nueva dinámica de guerra y territorio.
Y así nos llega el momento en que, los eventos extremos en medio del cambio climático, señalan que nuestro territorio y sus gentes, son más vulnerables que nunca. Veranos e inviernos intensos, largos, inundaciones, deslizamientos por doquier, que evidencian este uso desordenado del suelo, y la pérdida de los ecosistemas naturales que le daban soporte. Este efecto sinérgico entre uso inapropiado y degradación de ecosistemas, impacta en el territorio, y nos llama a la acción inmediata, dado el efecto en la crisis ambiental y social cada vez más amplia en toda Colombia.
El país requiere un diálogo sincero y urgente, que permita resolver la necesidad de las poblaciones más vulnerables en el país para acceder a sus derechos territoriales, así como abordar un ordenamiento del territorio que ayude a conciliar la urgencia de mitigar el cambio climático, la pérdida de ecosistemas y las necesidades productivas poblacionales.
Recorriendo y estudiando territorios, encuentro que, al presentar los datos sobre el empobrecimiento del patrimonio público ambiental, de la degradación de los ecosistemas en los territorios de comunidades, cualquiera que sea su origen étnico, hay una respuesta inmediata en la gente, que reconoce y manifiesta la urgencia de cambiar esta lamentable condición.
Conversando con sus poblaciones y sus líderes naturales señalan, además, que esta posibilidad está íntimamente ligada a incluir a los grupos armados que se encuentran en sus territorios, así como a las expresiones de economías legales -que también impactan el territorio-, en este consenso necesario, para hacer acuerdos sobre el uso, la preservación, y el acceso a los derechos de la tierra, que permitan conciliar, intereses de todos, ojalá de todos, en este país biodiverso.
Creo, también, que hay señales claras, en diferentes organizaciones armadas, con sus variadas expresiones políticas, de incluir este tema de manera estructural, en la construcción de paz bajo los diferentes escenarios que la política de este y futuros gobiernos deberán consolidar en el eje de paz ambiental. La mesa está servida.
El futuro de todos los colombianos está en juego, sin importar su orientación política. Asegurar el bienestar, especialmente de las nuevas generaciones, es perentorio, y para ello, reconstruir nuestra historia ambiental para entenderla, y tomar decisiones entre todos, que permitan su recuperación, conservación y uso sostenible, de la mano de los derechos de la tierra para todos, es una tarea de los procesos de construcción de paz ambiental que se abren en este momento de la historia.
