Médicos denunciaron: reestructuración pondría en jaque programas de salud de Bogotá

Todos los días, las personas acuden a las líneas de atención de emergencias para buscar ayuda inmediata, desde un caso de violencia intrafamiliar hasta un episodio psicótico. Para ello, el Distrito dispone de dos programas que buscan atender las diferentes situaciones de violencia o salud mental que se presentan en la capital. Se trata de la Atención Prehospitalaria (APH) y la Atención Médica Domiciliaria (Amed).

Estos programas constan de un equipo multidisciplinario domiciliario que cuenta con varias unidades móviles, cuyo servicio se presta las 24 horas del día los siete días de la semana. 

Sin embargo, estos programas se encuentran atravesando una compleja situación de reestructuración que ha generado críticas, dudas y quejas por parte del personal humano que hacen parte de las unidades móviles. 

Las denuncias del personal médico

Una médica que hace parte del programa Amed, quien pidió no revelar su identidad, le compartió a CAMBIO información respecto a la inconformidad del personal médico frente al aviso de la reestructuración del programa. 

Según la doctora, más de 300 colaboradores de la salud de la Subred Sur Occidente, incluyendo médicos y auxiliares  Amed y APH, psicólogos y trabajadores sociales fueron convocados al auditorio del hospital de Tintal la semana pasada para informarles de un drástico cambio en el funcionamiento del actual sistema de atención. 

“Allí, Sandra Milena Rozo Mateus (subgerente de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Sur Occidente), el doctor Juan Manuel Mendieta Novoa (director técnico de Servicios de Urgencias y director técnico de Servicios Complementarios de la Subred Sur Occidente), y Diana Espejo (directora del Servicio de APH) nos informaron que, por directrices de la Secretaría de Salud, los equipos fueron reducidos al 30 por ciento, lo que implica una reducción de personal. Así mismo, nos indicaron que todas las unidades de salud mental serán desmanteladas: de más de 20 unidades, solo quedarán ocho, y de estas, únicamente permanecerán los perfiles de auxiliar de enfermería y psicólogo; los médicos ya no estarán en el programa”, denunció la doctora. 

Por otra parte, Jhon Alexander Romero Lucero, psicólogo del programa Amed, afirmó que “hay unas métricas que evidencian las problemáticas en el sistema, que nos hacen ver como si la mayor culpabilidad fuera del personal de las unidades, pero hay muchas otras cosas de fondo”.

De igual forma, la doctora le comentó a CAMBIO que la operatividad de su servicio implica muchas variables, tanto para que ellos estén activos en la unidad móvil como para el Distrito. 

Frente a esto, Gerson Orlando Bermont, secretario de Salud de Bogotá, mencionó en un comunicado que “atendiendo a las quejas en la atención, hemos revisado el programa y efectivamente encontramos una problemática muy profunda. Hoy tenemos una baja productividad de 1,8 traslados por ambulancia al día y tenemos unos tiempos muy largos entre el momento que se despacha la ambulancia y vuelve a estar disponible”. 

Es decir, la entidad aseguró que existe una ineficiencia en la operatividad del sistema y en consecuencia plantean una reestructuración con la que se busca aumentar la productividad de las unidades y la atención inmediata a los casos que se presenten. 

El programa se regula según los llamados que hagan las personas al 123, la línea de emergencia, que son atendidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

Esas llamadas son filtradas por el psicólogo y se dirigen al médico regulador, encargado de determinar a dónde se envían los carros de salud mental y a dónde se envían las ambulancias. Una vez ellos activan los casos, las unidades móviles deben ir al lugar al que fueron asignados y hacer la valoración. 

Dependiendo del caso que se esté tratando se hace la valoración conjunta y el personal de la unidad móvil le reporta al médico regulador o al psiquiatra de turno. Entre la valoración de los tres se llega a una conclusión y se define si el paciente debe ser llevado a una clínica o se puede atender en casa.  

Si la persona tiene un alto riesgo debe ser trasladada a urgencias, en ese caso el traslado se hace modulando a la central y ahí se define si se requiere una ambulancia medicalizada, es decir, con medicamentos y apoyo de un médico encargado de llevar el tratamiento.   

“En toda la cadena hay fallas, desde el direccionamiento hasta lo administrativo”, explicó el psicólogo Romero. 

Frente a esto, los médicos de la red denunciaron que muchas veces las llamadas no se direccionan correctamente, algunas ambulancias y los vehículos no funcionan bien por la falta de mantenimiento, los tiempos de gestión en los hospitales una vez llegan a urgencias son muy largos o no cuentan con camillas disponibles e, incluso, hay casos donde el personal de la unidad requiere de otras entidades que apoyen los procesos como los bomberos o la Policía y no pueden atender la situación hasta que lleguen. Todo ello ralentiza y obstaculiza la atención médica en la cadena de funcionamiento de los programas.

Además, los médicos y psicólogos afirmaron que no existe una buena red de comunicación eficiente que permita vincular a los Amed con los APH o con otras redes de apoyo necesarias para intervenir en ciertas situaciones. 

Frente a esto, la Secretaría de Salud aseguró que, de las 100 ambulancias contratadas hoy, el programa APH tiene 71 prestando los servicios efectivos, porque las otras están en proceso de mantenimiento o limpieza. 

En ese sentido, la Secretaría de Salud consideró que la falla recae en la atención de las unidades móviles y anunció que las subredes deberán reorganizar dicho proceso en el marco del nuevo convenio que se pretende establecer a partir del 12 de agosto. Como consecuencia de ello, la subred de Sur Occidente informó a sus empleados la reestructuración y la disminución de las unidades y de personal médico. 

“Esto reducirá drásticamente la disponibilidad de ambulancias y servicios de salud mental en la ciudad de Bogotá. Argumentan que las estadísticas respaldan estas medidas, pero al final mencionan que es debido a la falta de presupuesto de la Secretaría de Salud”, mencionó la doctora. 

CAMBIO se contactó con la Secretaría de Salud para confirmar la información respecto al recorte presupuestal, pero la entidad no se ha pronunciado al respecto. 

Algo similar consideró Romero, quien ha estado en reuniones con el secretario de Salud. En sus palabras “las medidas que ellos tienen nos hacen ver como un programa inoperante, pero yo miro la realidad de la salud mental de las personas en Bogotá y los casos están desbordados”. 

De hecho, según un informe de la Subdirección de Servicios Forenses, para enero de 2024 se consumaron un total de 176 suicidios en Bogotá y 939 casos de violencia intrafamiliar fueron registrados en enero de este año en la capital

¿En qué consiste la reestructuración?

Según la Secretaría de Salud, hay un problema de disponibilidad real de las ambulancias y por eso se está buscando gestionar los ajustes necesarios en el modelo de contratación que establezca niveles de productividad. 

La propuesta de la entidad se basa en la reestructuración del programa APH, específicamente se pretende reorganizar las frecuencias y los turnos de las ambulancias que están activas, afirmando que no se piensa disminuir el número de unidades disponibles.

Sin embargo, existe un problema de fondo en la nueva propuesta respecto al programa Amed al cual no se ha referido la entidad. 

Según las denuncias del personal médico, uno de los puntos más críticos no solo es la disminución de las unidades móviles del programa Amed, que pasarán de 20 a ocho unidades, sino la salida de los médicos y trabajadores sociales dentro del personal que hace parte de estas unidades. 

Para Romero esto representa un problema porque le resta capacidades de operación al programa. En sus palabras, “yo soy profesional en psicología y no tengo la facultad de medicar a nadie, eso estaría atentando contra mi ética y mi tarjeta profesional. Entonces cuando se presenta una situación de una persona psicótica, por ejemplo, un caso de esquizofrenia en el que el paciente está siendo agresivo, yo no puedo hacer una contención a nivel emocional con mis conocimientos y se requiere medicar. Pero, en esta reestructuración si no hay médicos, nadie puede hacerlo en ese momento”.

Por otro lado, para el caso de las móviles de violencia que cuentan con trabajadores sociales, ellos ayudan a brindar las rutas a las personas afectadas, indican dónde puede iniciar el proceso de denuncia y, cuando hay niños involucrados, ellos se encargan del vínculo con el Bienestar Familiar para optimizar los procesos. En ese sentido, la salida de estos funcionarios implicaría otra serie de obstáculos en la atención de algunos casos de violencia infantil, intrafamiliar o de género.

Según lo ha hecho saber el personal de la subred Sur Occidente, esta situación dejará a más de 100 médicos sin empleo a partir del 12 de agosto, lo que afectaría a más de 100 familias. Además, todos los trabajadores sociales y auxiliares que no sean incluidos también perderán su trabajo. 

Sin embargo, a pesar de las discusiones que el personal médico ha tenido con la Secretaría de Salud respecto al tema, la entidad distrital se mantiene firme en la decisión de reestructurar el programa con especial hincapié en que la operatividad mejorará a partir de los cambios que se lleven a cabo en las unidades móviles de los programas.

“Este proceso se plantea de manera creciente, escalonada y secuencial, buscando incrementos graduales de productividad y garantizar a la ciudadanía un número mayor de atenciones y traslados”, mencionó el secretario de Salud.

Por su parte, la doctora de Amed que pidió que no se revelara su nombre, mencionó que “con esta reducción, los tiempos de espera aumentarán, vulnerando los derechos a la salud de los ciudadanos y poniendo en riesgo la salud de millones de personas. Una vez más, se vulnera el derecho a la atención en salud de urgencia de los ciudadanos y a los trabajadores de la salud”.