El Congreso ya agotó la posibilidad que tenía de debatir y aprobar el presupuesto general de 2025, y por primera vez desde que se aprobó la Constitución de 1991, el Gobierno deberá decretarlo. Para los expertos, no es del todo claro cuál es el monto que se puede definir y la situación tiene efectos negativos tanto políticos como económicos.