Pocos días antes de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara el proceso instaurado por Nicaragua por desacato del fallo de 2012 nos machacaron el estribillo de que era inaplicable porque la Carta dispone que los límites de la República solo se pueden modificar por tratado o arbitraje. Todo el Alto Gobierno se lo memorizó y recitó. Los agentes Arrieta y Cepeda se multiplicaban en los medios para sostener la falacia como argumento de autoridad, magister dixit. Falacia, porque desde 2007 la CIJ declaró que el Meridiano 82 de Greenwich solo señala la extensión del archipiélago y no constituye límite, al contrario de lo que sostenía Colombia. Solo faltó que se distribuyeran camisetas con el eslogan “Sin tratado, fallo malhadado” al frente; y al respaldo, “Greenwich 82 es mi límite”.
Como el fallo de 2012 no se ajustó a lo que nos habían hecho creer, nos cayó la gota fría. Santos y un elenco de personajes lo desafiaron de inmediato. Uribe casi propone invadir Nicaragua y luego salió con la necedad de que por referendo proclamemos nuevamente el meridiano como límite. Lo curioso es que a lo largo del proceso actual la defensa de Colombia nunca alegó la doctrina de lo impracticable; por el contrario, se regó en intentos de demostrar que todos los incidentes y desafíos fueron en procura de cumplir el fallo. Al país se le mostró una faceta arrogante y engañosa, mientras a la CIJ se le presentaba una absolutamente distinta, legalista, de inocencia absoluta, meras actuaciones en defensa del medio ambiente y derechos ancestrales de pesca.
Todavía existe la creencia de que nos esquilmaron entre 70 y 90 mil millas de aguas; que se “fracturó” el archipiélago y que se mutilaron los derechos ancestrales de los sanandresanos, los raizales. Se anunció un recurso que nunca se presentó. Circuló la conseja de que los magistrados habían prevaricado. Finalmente, se buscó un culpable, que vino a ser el Pacto de Bogotá de 1948. Santos procedió a retirarnos, y luego demandó la ley aprobatoria del pacto, que nos obligaba. La leguleyada buscaba afianzar la tesis de que el fallo de 2012 es inaplicable porque los límites de la República solo pueden modificarse por un tratado o un arbitraje. Lo que nunca le aclararon al país es que no modificó límite alguno, porque no existía. El nuevo derecho del mar reconoce a los Estados costaneros derecho a plataforma continental y zona económica exclusiva, que se unen al mar territorial en donde se ejerce la plenitud de la soberanía. Esos derechos se ejercen en espacios marítimos que no estaban delimitados. Lo que hizo la CIJ fue demarcarlos.
A la demanda por desacato, Colombia contrarreplicó con argumentos que involucran derechos ancestrales de los raizales y pescadores, y violación de derechos soberanos y espacios marítimos por cuenta de un trazado irregular de líneas de base rectas, realizado por Nicaragua. Tan pronto se conoció el fallo (21-IV-2022), desde La Haya el agente Arrieta proclamó que Colombia se sentía muy satisfecha. Sostuvo que el hecho de que no hubo condena genérica por desacato fue una gran victoria, y otra fue que se reconoció el derecho a la libre navegación en aguas internacionales, un derecho que existe desde que Dios creó los mares y algún vikingo aprendió a navegar. Lo secundaron el sub, la vice et al. Ahora caerán expertos como cocos en tormenta.
Fue una victoria de un golazo contra una canastada de goles menores. El golazo fue que las líneas de base rectas de Nicaragua no se ajustan al derecho internacional, porque se afianzan en algunas islas demasiado separadas entre sí o alejadas de la costa. El primer golecito que encajamos fue que la CIJ se declaró competente; el segundo fue la declaratoria de que se violaron los derechos marítimos de Nicaragua en su zona económica al interferir con actividades de exploración e investigación de buques abanderados o licenciados por esa nación; el tercero, que con la expedición de permisos para actividades de pesca en esas mismas aguas también se violaron los derechos de Nicaragua; el cuarto, que la Zona Contigua Integral inventada en el año 2013 y que con tanto orgullo mostró ante las cámaras de TV nuestro agente Arrieta no se conformaba con el derecho internacional.
La violación de los derechos de Nicaragua se confirmó con la verificación de una larga cadena de incidentes, algunos probados, otros dudosos. Fue evidente que la Armada no respetó la zona económica exclusiva de Nicaragua, y que en más de una oportunidad sus unidades manifestaron abiertamente que Colombia no reconocía el fallo de 2012.
El bonito encierro que se había armado con el área contigua integral desborda las reglas incorporadas en la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982), un pacto del que Colombia no es parte pero que en esta materia recoge el derecho internacional consuetudinario. La imaginativa creación se solapa con aguas de Nicaragua; y por añadidura, la reglamentación excede las facultades de fiscalización en materia aduanera, fiscal, sanitaria o de inmigración que el derecho internacional permite ejercer en la zona contigua. Ahora el gobierno tendrá que modificarla. Ya han surgido los expertos que se deleitan con la idea de que como se hizo efectivo el retiro del Pacto de Bogotá no importa lo que hagamos, porque Nicaragua no nos puede volver a demandar.
En adición a esos pronunciamientos el fallo ordena que la interferencia y los permisos de pesca en zonas de Nicaragua deben cesar de inmediato, y que Colombia debe ajustar al derecho internacional sus decretos 1946 de 2013 y 1119 de 2014, que se inventaron la novedosa Zona Contigua Integral. En cuanto a los derechos ancestrales de la comunidad raizal de San Andrés, el dictamen es que no fueron suficientemente demostrados. Tampoco encontró que algunas manifestaciones del dictador de Nicaragua, en el sentido de que se reconocerían esos derechos de pesca artesanal, constituyeran un acto unilateral que obligara legalmente. Sin embargo, la CIJ adelantó con elegancia que ambos países podían ponerse de acuerdo para encontrar una solución favorable. Es el único aspecto medio positivo. Para simular que se ganó la madre de todas las batallas nos dejamos arrastrar a la CIJ, obramos de mala fe, denostamos al máximo tribunal internacional de justicia y nos gastamos una fortuna en un pleito perdido. Es el cuarto golpe que nos asestan. Nicaragua, en cambio, logró consolidar el fallo.
Si nuestros abogados en estas causas fueran dirigentes del fútbol, estaríamos en Qatar a punta de gloriosas derrotas.
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