En Colombia se recicla la violencia. Esta frase —que por supuesto no es mía— resume perfectamente lo que pasa especialmente en los territorios rurales más alejados de las grandes ciudades. Esta semana que pasó, analizando las propuestas para combatir la criminalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, una fuente me explicó, con gráficas e informes, el estado de cosas actual. Procederé a hacer un pequeño resumen de lo que me mostró, y de lo que esto significa. El ejercicio estadístico y de conteo que se hace acá, y que está plenamente documentado en algunos documentos públicos de la Fundación Ideas para la Paz y en otros reservados de inteligencia militar, incluye desde el año 2018 hasta diciembre de 2025.
En esos años, los grupos armados ilegales pasaron de tener 12.883 integrantes a 27.367, es decir un aumento de 14.484 personas, o sea alrededor de un 112 por ciento. Esa cifra es descorazonadora, por supuesto, pero tiene un matiz: en el 2002, cuando se comenzó a hacer esta “Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza”, es decir el conteo de los integrantes de los grupos armados ilegales en Colombia, había una guerrilla de las FARC con 20.000 hombres armados, sin contar las milicias que podían ser de alrededor de otros 10.000. En aquel momento, el universo de grupos, paramilitares, FARC y ELN, más unas pequeñas disidencias del EPL, sumaban alrededor de 40.000 hombres entre armados y milicianos. En 2025, esa cifra de los 27,367 es menor que la de hace 24 años, y también es distinta en su poder y en su entrenamiento: es claro que estos grupos actuales no quieren tomarse el poder, sino cuidar los negocios que tienen en ciertas zonas del país.
El otro punto clave, además del número de integrantes, está en la presencia territorial: el área de injerencia de estos grupos pasó de 437.822 a 420.980 kilómetros cuadrados entre 2018 y 2025. Es cierto que la cifra es ligeramente inferior al punto de partida (-3,8 por ciento), y que la serie muestra fuertes variaciones: alcanzó un máximo cercano a los 500.000 km² en 2019, cayó hasta 312.378 km² en 2022 y luego volvió a recuperarse durante los últimos tres años. Esta expansión desde 2022 también se refleja en lo que podría denominarse como cobertura geográfica. Los grupos armados ilegales pasaron de tener incidencia (que no es lo mismo que presencia: en algunos municipios tienen capacidad y control total, en otros mucho menos) en 397 a 646 municipios y de 10.919 a cerca de 12.800 veredas. En conjunto, estas cifras muestran organizaciones con muchos más integrantes y una presencia territorial más extendida, pero también es clave entender que sus capacidades militares no son las mismas que tenían las FARC en su momento.
El país que encontrará Abelardo de la Espriella seguirá teniendo un problema —que ya en este punto parece eterno— de control territorial, que se enfrentará a su promesa de campaña: 10 objetivos de alto valor dados de baja en los primeros meses de su gobierno. Esto es posible, pero la pregunta es otra: ¿sirve esto para algo? Porque la realidad es que el 8 de agosto, como el presidente electo ya advirtió esta semana en su visita a las Cortes, los grupos armados ilegales tendrán un mes para someterse a la justicia. Esto, por supuesto, no pasará. Y el gobierno entrante levantará todas las mesas de negociación con estas organizaciones que, sobre todo en los dos primeros años de la administración Petro, prácticamente no se combatieron. Esto cambió luego, con la llegada del general Pedro Sánchez, que operó de manera más efectiva desde el 2024 contra —casi— todos los grupos.
Lo extraño, o paradójico, de esta circunstancia real, es que —como encontró un informe de la Fundación Ideas para la Paz— “a pesar de que en 2025 las acciones de la fuerza pública aumentaron un 34 por ciento, un alza que, si bien indica mayor iniciativa operativa, no se tradujo en una mejora clara de las condiciones de seguridad, en especial en los territorios donde se desplegaron grandes operaciones para recuperar el control”. Ahora, volviendo a la pregunta ¿dar de baja a objetivos de alto valor sirve para algo?, la respuesta, como me explicó Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, es: “no, pero hay que hacerlo. Es necesario hacer eso, y además tener una política más integral que incluya, sobre todo, el control del territorio. Sin lo segundo, lo primero no tiene un sentido que no sea meramente propagandístico”. Esto —añado yo— solo le sirve al Gobierno, pero no tanto al país. Un líder de un grupo delincuencial menos, bien sea por muerte o captura, es solo una fusible fácilmente reemplazable.
Capítulo aparte merece lo que está pasando con la guerra desde los drones. Alias Marlon, o Iván Jacobo Idrobo Arredondo, quien fuera el máximo cabecilla del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), disidencias al mando de alias Iván Mordisco, logró en el Cauca la producción de drones a costos menores: de 36 a 6 millones de pesos. Muchos drones usados por estos grupos siguen llegando a través del mercado legal, pero una gran cantidad de drones rusos y chinos entraban por Venezuela. Esto se transformó en los últimos meses por cuenta del cambio de régimen en ese país y, sobre todo, la presión de Estados Unidos. Ya tendremos ocasión de hablar del tema.
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