“No es que las Farc como organización armada esté de regreso. Es más bien el vacío territorial dejado por la vieja insurgencia y la falta de tantas reformas prometidas lo que ha creado un pantano criminal en el que surgen nuevos grupo y los viejos mutan, en una batalla por controlar las boyantes economías ilícitas”.
Esto escribió hace pocos días la corresponsal de The New York Times Julie Turkewitz después de recorrer zonas del Putumayo y entrevistar a miembros del llamado Comando de la Fronteras.
Pero ha podido escribirlo cualquier periodista nacional o extranjero que en esta o pasadas décadas haya palpado nuestra realidad nacional, o hablado con protagonistas de la vieja o nueva violencia colombiana.
“Nosotros llegamos a estos territorios mucho antes de la hoja de coca” me dijo a mediados de los ochenta, en el remoto caserío de Remolinos del Caguán, el difunto jefe militar de las Farc Jorge Briceño (el temido “Mono Jojoy”). Y es cierto que antes de que apareciera el gobierno prometiendo carreteras y centros de salud que no llegaron ya las Farc hacían presencia entre los colonos que descuajaban selva en el Guaviare o Caquetá.
Lo que sucedió en Putumayo con el sonado operativo militar cerca de Puerto Leguizamo es parte de una eterna historia que tiene que ver tanto con la ausencia del Estado, como con la discutible estrategia contrainsurgente de unas Fuerzas Armadas que en más de medio siglo no han logrado erradicar a los grupos guerrilleros. Neutraliza a unos pero surgen otros, o mutan en organizaciones menos ideologizadas pero igual de violentas y permeadas, todas, por el combustible indiscutible del narcotráfico. Los que dicen que no los están, como el Eln, mienten descaradamente.
Pero la historia no se repite siempre de la misma manera. Hoy los grupos ilegales se arman y financian con más facilidad y las Fuerzas Armadas disponen de poderosos medios tecnológicos de combate de los que carecían. Lo que no ha cambiado, aunque sí crecido, es la omnipresencia del narcotráfico y de la minería ilegal.
Me impresionó el despliegue del artículo de The New York Times: página entera con profusión de fotos de hombres camuflados y bien armados con lanchas y bultos de pasta de coca.
En medio de la amenaza del terrorismo islámico o de la tragedia de Ucrania sigue siendo noticia el conflictoarmado colombiano, que algunos medios gringos y sobre todo europeos insisten en asemejar a una especie de “guerra civil”. La llamada “mala prensa”, de la que siempre se quejan nuestros gobernantes por la forma como mediosextranjeros caricaturizan con frecuencia la realidad nacional. No de ahora. Desde antes de “Tirofijo” o de Pablo Escobar, la propensión de este país por hechos violentos ha sido foco de atención mundial.
Para diarios como el NY Times, Colombia corre el riesgo de convertirse en otro México donde los carteles de la droga son casi un poder paralelo. Menciona las trece mil personas muertas por choques armados el año pasado y publica varios testimonios reveladores de algunos entrevistados por su corresponsal en el Putumayo. Dos citas me impactaron: “esto no es por ideas, es por billete” y “por acá la coca es el Estado”. Más claro no canta el gallo.
Y cuando, por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que en Colombia no hay uno sino seis conflictos armados distintos, tres de los cuales involucran a las antiguas Farc, uno se pregunta si esto hubiera podido evitarse si desde un comienzo el gobierno Duque hubiera implementado con seriedad el Acuerdo de Paz. No estoy tan seguro. Atenuarse probablemente, pero la degradación y descomposición del conflicto ya era inatajable y los ingresos de las economías ilegales demasiado tentadores. En todo caso la hostilidad de Duque (léase Uribe) a los acuerdos no hizo sino agravar la situación. Luego cambió de actitud, pero muy poco y muy tarde.
El que la mayoría de las Farc depusiera las armas no era garantía de que esa forma de lucha no se reciclara. De hecho los propios organismos de seguridad reconocen que desde 2014 han aparecido decenas de nuevos grupos armados. Lumpenizados, narcotizados, todo eso, pero con capacidad para hacer daño, controlar territorio, desplazar gente y enfrentar la fuerza pública.
Lo que nos lleva al locuaz general Zapateiro, comandante del Ejército, y sus polémicas declaraciones. Nadie puede cuestionar la abnegación y cuota de sacrificio de las Fuerzas Armadas en defensa de las instituciones. Pero esto no da licencia para entrar en el debate político. Es el momento de recordar a dos expresidentes y grandes estadistas del Frente Nacional: Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo.
El primero advirtió al comienzo de su gobierno en 1959 que “cuando la Fuerza Armada entra a la política se quebranta su unidad” y el segundo, Carlos, destituyó de manera fulminante a su máximo general, Guillermo Pinzón Caicedo, por una tímida crítica en la revista del Ejército a que entidades del Estado se entrometieran con el presupuesto de Ministerio de Defensa.
Otros tiempos, otros generales, otros presidentes.
