Ana Bejarano Ricaurte
15 Mayo 2022 03:05 am

Ana Bejarano Ricaurte

LAS MARGARITAS

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En 2016, Marco Schwartz, entonces director de El Heraldo de Barranquilla, realizó una elocuente entrevista a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia del momento, Margarita Cabello Blanco. En ella, la magistrada se describió como “una juez, desde que me gradué de la universidad, no he dejado de serlo” y procedió a explicar la laboriosa y huraña tarea de impartir justicia.  

Era Margarita, la de toga. Hablaba desde el atril de una funcionaria de carrera, pues la barranquillera es una de las mujeres que más techos de cristal ha roto en la rama judicial colombiana. Por veinte años ejerció con éxito como magistrada del Distrito Superior de Barranquilla en su sala civil y fue la segunda mujer en la historia elegida como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Confieso que admiré las posiciones doctrinales y debates jurídicos que lideró Cabello Blanco desde su silla en la Suprema, y la manera inteligente y vigorosa en que lo hizo.    

Fue fiel gestora de los intereses gremiales y abanderada de los reclamos de la rama en los arduos procesos de transformación de la justicia, cuando exigió una reforma para los jueces y por los jueces. Invitó a que se hiciera “en la privacidad de la casa, nosotros aquí callados, sin nadie más”. 

Cabello incluso impartió justicia como presidenta del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, una de las entidades que ha hecho parte del poderoso y cuestionable enroque del fútbol con los jueces. Margarita, la árbitra capaz de silbar pitos de todos los colores. 

Pero aquella jueza, con semejante talento y habilidad, tenía ganas de sumergirse en otras aguas donde pudiera acumular más poder y salir de la sombra que naturalmente debe cobijar los despachos judiciales. Descendió del atril lentamente: primero fue lánguida procuradora judicial delegada de Alejandro Ordóñez; después fue ternada por Álvaro Uribe a la Fiscalía y luego Duque la sugirió para ser fiscal ad hoc en la investigación de Odebrecht, jugosa aspiración a la que renunció por su “respeto por la institucionalidad y por un presidente que quiere hacer las cosas bien”. 

En su enroque con Duque se despojó definitivamente de la toga al ser nombrada como ministra de Justicia. Había defendido el proceso de paz, pero pesaba más su larga trayectoria en los pasillos de la rama o tal vez su cercanía con los centros de poder uribistas.

Y surgió Margarita la política, que se consolidó e impuso en esta nueva faceta de su carrera pública al ejercer una deshonrosa gestión como procuradora general de la nación. Fue como si un Mr. Hyde desesperado se abalanzara para sofocar al Dr. Jekyll.  

Cabello desapareció el control que debía ejercer la Procuraduría sobre el Ejecutivo y silenció decenas de investigaciones en contra de funcionarios del Gobierno o de su partido. Trasladó a funcionarios que denunciaron casos internos de corrupción. Se aproximó con lentitud o incluso inacción frente a los peores escándalos de corrupción del país. Algo similar a la Fiscalía de Barbosa.

Pero es que Margarita, la política, ha estado muy ocupada en convertir a la Procuraduría en un botín burocrático, aún más de lo que ya era, al embutir por la insaciable garganta del Congreso una reforma antitécnica que costó doce mil millones de pesos y creó 1.200 nuevos cargos, cuya necesidad es absolutamente cuestionable. 

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos le insistieron en que la reforma contravenía la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ella lo sabe, pero le resultó irresistible hacerse a tanto poder. Fiel al gobierno en el que sigue militando , prefiere actuar rápido y aprovechar la bonanza mientras el paso parsimonioso de la justicia llega a recoger el desorden. Cuando el Estado colombiano sea condenado ella ya gozará de la mieles del retiro propio de una funcionaria que supo jugarle de eficaz delantera al establecimiento clientelista. Cabello Blanco ha oficiado el funeral de la Procuraduría General de la Nación, pues su gestión ha dado razón a los críticos que piden su eliminación. 

Y ahora, para rematar su nefasto mandato, ha decidido aplicar su ilegal reforma y suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política. Más allá de las discusiones jurídicas sobre si ello podía o no ocurrir, sorprendió la premura y dureza con la que agitó el martillo disciplinario. La misma que le faltó cuando el comandante de las fuerzas militares, Eduardo Enrique Zapateiro, atacó por Twitter al candidato presidencial más opcionado y solamente le abrió una indagación preliminar, por cierto, babosa. ¿Acaso es más peligroso el boquisuelto alcalde paisa que el rabioso armado del ¡Ajúa!? ¡Semejante desigualdad en medio de la campaña electoral! Participación en política de quien debe cuidar la puerta de la democracia. 

En esa misma conversación con Schwartz Margarita, la jueza, advirtió que el procurador general de la nación debía ser alguien que “aplique la justicia, actúe con honestidad, actúe con equilibrio”. No sé qué pensaría la experimentada magistrada, la profesora, conferencista y académica de Margarita, la política, o tal vez si siempre fueron la misma persona.

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