Rodrigo Lara
10 Agosto 2022

Rodrigo Lara

Con combustibles caros no se puede “vivir sabroso”

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La historia, y su vástago, la política, tienen leyes que se repiten en los tiempos aun cuando nunca de la misma manera. Y a lo largo de la historia, tal vez no ha habido azote que desmoralice más a una sociedad que la inflación y no existe apremio político mayor para un gobierno que el de atajarla. El que no la controla, fracasa. El que la derrota, se gana el favor popular.

El gobierno de Gustavo Petro recibe a un país con una amenaza despiadada: la tasa de inflación de alimentos llegó a 22,3 por ciento en junio, un guarismo muy superior al de otras naciones del continente. Eso se explica por nuestra dependencia a las importaciones de alimentos esenciales y agroinsumos. Lamentablemente, no es mucho lo que pueda hacer el Gobierno en el corto plazo, más aún cuando los expertos en los mercados de alimentos coinciden en afirmar que esta crisis global se prolongaría hasta finales de 2023. 

Pero lo más inquietante es que la tasa general de inflación (9,3 por ciento) no refleja aun el aumento de los precios de los combustibles. Como lo señaló hace unos días Michel Janna, director del Autorregulador del Mercado de Valores, la inflación en Colombia es similar a la de otros países. Sin embargo, aquí no se refleja el notable aumento al precio internacional de los combustibles, puesto que lleva congelado más de un año gracias al Fondo de estabilización de precios. Y dadas las dificultades fiscales que deja el gasto irresponsable del gobierno de Iván Duque durante la contienda electoral, Janna anticipa que “pronto se tendrá que actualizar el costo de los combustibles, lo que traería nuevas presiones a los precios y nos llevaría a que la inflación en Colombia salte a ser una de las más altas de la OCDE”. Es necesario resaltar que hoy día ese fondo de estabilización es deficitario en casi 30 billones, y se proyecta que aumente por efecto de los precios internacionales.

Yo no sé si en el Gobierno han medido bien lo que puede significar para la armonía social la combinación entre la irremediable alza de los precios de la gasolina y el aumento del impuesto al carbono como lo prevé la reforma tributaria que radicó el Gobierno. Sería prudente que recordaran que solo el intento de introducir el impuesto al carbono en Francia produjo el estallido social de los “Gilets Jaunes” en 2019, y ralentizó el impulso reformista del presidente Macron. 

Pero no todo es la gasolina. En la actualidad el 69 por ciento de los hogares colombianos usan gas para cocinar, de los cuales 9 millones son hogares de estratos 1, 2 y 3. Por efecto de la crisis energética global, los precios de este combustible han subido mucho. Es cierto que, por el momento, Ecopetrol está en capacidad de garantizar la estabilidad del precio local. Pero si los mensajes equívocos en materia de autosuficiencia energética perduran, no sabemos hasta cuándo pueda seguirlo haciendo. 

El tema de la autosuficiencia energética puede convertirse en el talón de Aquiles del Gobierno. Si no producimos suficiente gas, pues habrá que importarlo. Por tanto, sería necesario construir una costosa infraestructura de regasificación para importarlo desde Estados Unidos, o por gasoducto desde la impredecible Venezuela: siempre a costo internacional. Un ejemplo de lo que eso significa es la crisis energética europea, que ha llevado a reemplazar el gas ruso por importaciones de gas licuado. Eso ha implicado un sobrecosto del gas del 30 por ciento, impactando reciamente tanto el bolsillo de los hogares, como la competitividad de la industria.    

Sin gas a precios justos no se puede vivir sabroso. Esa lección la han entendido bien los gobiernos de la izquierda latinoamericana. Por ejemplo, el gobierno de Lula convirtió a Petrobras en el campeón global de la exploración offshore. El boom económico que gozó Evo Morales en Bolivia es producto de sus inmensas reservas de gas y, ahora, del prometedor litio. En Chile, a nadie se le ha ocurrido proponer un freno a la minería de cobre y menos desechar la explotación de litio. Y por muy irresponsables que sean los gobiernos kirchneristas, jamás han pensado en frenar el fracking de gas del campo Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo. El mal alumno latinoamericano es AMLO. Y las consecuencias de sus errores han llevado a México, históricamente tan apegado a la idea de soberanía energética, a depender de la importación de gas de Estados Unidos, en dólares, para sobrellevar la demanda de su mercado interno.

El gobierno de Petro enfrenta un proceso inflacionario que se podría agravar si se equivocan en materia de autosuficiencia energética, y si se les va la mano en impuestos a la industria extractiva y al combustible de los hogares. Incluso, si una de las políticas del Gobierno es la industrialización del país, lo primero que deben garantizar es gas barato. Basta con observar la reciente reindustrialización de Estados Unidos para entender que, en buena parte, es consecuencia del acceso a un gas económico proveniente de pozos no convencionales.

El gobierno de Petro arranca con buenas intenciones y ha construido una coalición de Gobierno apta para sacar adelante grandes reformas. Pero, las malas decisiones en materia de política energética pueden terminar minando su esfuerzo reformista por efecto de las facturas sociales de la inflación.

Combinar inflación con un proceso de grandes reformas políticas y sociales puede convertirse en una peligrosa bomba política y social. Como decía Tocqueville en sus reflexiones sobre las causas de la Revolución Francesa: “Nunca los Estados son tan vulnerables, como cuando pretenden reformarse a sí mismos”.
 

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