
La historia, y su vástago, la política, tienen leyes que se repiten en los tiempos aun cuando nunca de la misma manera. Y a lo largo de la historia, tal vez no ha habido azote que desmoralice más a una sociedad que la inflación y no existe apremio político mayor para un gobierno que el de atajarla. El que no la controla, fracasa. El que la derrota, se gana el favor popular.
El gobierno de Gustavo Petro recibe a un país con una amenaza despiadada: la tasa de inflación de alimentos llegó a 22,3 por ciento en junio, un guarismo muy superior al de otras naciones del continente. Eso se explica por nuestra dependencia a las importaciones de alimentos esenciales y agroinsumos. Lamentablemente, no es mucho lo que pueda hacer el Gobierno en el corto plazo, más aún cuando los expertos en los mercados de alimentos coinciden en afirmar que esta crisis global se prolongaría hasta finales de 2023.
Pero lo más inquietante es que la tasa general de inflación (9,3 por ciento) no refleja aun el aumento de los precios de los combustibles. Como lo señaló hace unos días Michel Janna, director del Autorregulador del Mercado de Valores, la inflación en Colombia es similar a la de otros países. Sin embargo, aquí no se refleja el notable aumento al precio internacional de los combustibles, puesto que lleva congelado más de un año gracias al Fondo de estabilización de precios. Y dadas las dificultades fiscales que deja el gasto irresponsable del gobierno de Iván Duque durante la contienda electoral, Janna anticipa que “pronto se tendrá que actualizar el costo de los combustibles, lo que traería nuevas presiones a los precios y nos llevaría a que la inflación en Colombia salte a ser una de las más altas de la OCDE”. Es necesario resaltar que hoy día ese fondo de estabilización es deficitario en casi 30 billones, y se proyecta que aumente por efecto de los precios internacionales.
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