El candidato imputado
11 Junio 2022

Yohir Akerman

El candidato imputado

Rodolfo Hernández se ha presentado como el candidato en contra de la corrupción y, después de todo el debate de esta semana, como la opción en favor de generar empleo y proteger los derechos de los trabajadores. Pero una revisión de su situación jurídica demuestra que el ingeniero no solo enfrenta un juicio por corrupción en el caso Vitalogic. No. También tiene otro proceso, en etapa de juicio, por persecución laboral y sindical. 

Repitamos. No es que esté siendo investigado por corrupción o persecución laboral. No. Es que se encuentra imputado por ambos delitos. Lo que quiere decir que la Fiscalía ya lo investigó por los dos temas y encontró méritos para acusarlo de cometer esas faltas en contra de la ley. Transgresiones que ahora tienen que ser resueltas por los respectivos jueces. Para entender este nuevo y desconocido proceso, vamos a desmenuzarlo por partes.

Empecemos. 

El 24 de septiembre de 2018, casi un mes después de la posesión del presidente Iván Duque, el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, recibió en su despacho una comunicación del Ministerio del Trabajo. Era una carta de una página, en la que le notificaban de una queja en su contra ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violación a los derechos de los trabajadores.

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El gobierno saliente, el mismo que ahora por terceras personas apoya la campaña del candidato anticorrupción investigado por corrupción, era el que le notificaba a Hernández de la investigación por violación de las normas que Colombia está comprometida a respetar internacionalmente en temas laborales. Todo mientras ejercía como mandatario de la capital de los santandereanos.

De pronto el ingeniero Hernández no sabe esto, ya que ha demostrado un profundo desinterés y desconocimiento de la ley entonces es importante explicárselo. Masticado. Casi que con plastilina. 

Colombia es miembro de la OIT desde el año 1919. En ese compromiso el país ha ratificado durante diferentes administraciones 61 convenios, de los cuales 52 actualmente están en vigor. Entre esos se encuentran los ocho convenios llamados fundamentales. 

El convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, uno de los más importantes, regido por 21 artículos en los que están protegidos los derechos a la sindicalización. Suena un poco repetitiva la palabra, pero es importante para que el ingeniero la entienda. 

Para analizar la denuncia ante el ente internacional, hay que seguir con el tema local. Esta columna tuvo acceso a la acusación de la Fiscalía en contra de Hernández por este tema. Un escrito de 43 páginas que explica los delitos que cometió el ingeniero, por violación a los derechos de reunión y asociación que, por los compromisos con la OIT, lo enmarcan en un problema nacional e internacional. Tal vez por eso es mejor que, de ahora en adelante, nos refiramos a Hernández como el candidato imputado, porque eso es lo que es.

Sigamos. 

Según ese documento, el 7 de julio de 2016 se presentó un escrito de acusación proveniente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bucaramanga. Al hacerlo ante la Fiscalía local, se remitieron copias de las quejas hechas por el sindicato de trabajadores del municipio, Sintramunicipio, el sindicato de trabajadores de la construcción y mantenimiento de las obras públicas en los municipios de Santander, Sintraobras, y la Asociación Sindical Colombiana de los servidores públicos, Astdemp. Este escrito posteriormente llegó a la OIT. 

Todas las quejas hechas por esas asociaciones eran por el delito de violación de derechos de reunión y asociación. Faltas que la administración de Bucaramanga, bajo órdenes directas de su alcalde Rodolfo Hernández, realizó al hacer despidos de trabajadores oficiales, violando los derechos convencionales y desconociendo los protocolos.

Así como se oye. El ingeniero despidió masivamente a una cantidad de trabajadores de diferentes niveles de la planta de personal del municipio de Bucaramanga, algunos protegidos por su fuero sindical. Esto para meter a unas personas cercanas de su grupo que no había logrado contratar. Como diría mi profesor de derecho penal, por tapar un pecado, terminó cometiendo un delito. Y literal. 

Analizando uno de los casos, vemos que Hernández resolvió suprimir de la planta de Bucaramanga a 27 trabajadores oficiales. Estos correspondían a empleados en el nivel administrativo de secretarias, conductores del despacho y celadores. En el mismo acto administrativo, en reemplazo de estos, creó cuatro empleos de conductores para uso personal y 23 auxiliares de servicios personales. Todos cercanos a él, porque venían de sus empresas.

Uno de los afectados por las medidas del entonces alcalde Hernández, que vamos a omitir su nombre por miedo de la víctima a futuras retaliaciones, se encontraba desde julio de 2015 en incapacidad por accidente en la zona de trabajo. Incidente que lo dejó inhabilitado y con una pérdida del 70 por ciento de su capacidad laboral. Al ingeniero no le importó. 

Las denuncias en contra de Hernández establecen que, de forma unilateral y arbitraria, resolvió desconocer ilegalmente el alcance del contenido de los contratos suscritos con los trabajadores oficiales, y sus protecciones laborales, quebrantando el principio de la relatividad de los convenios que rigen tanto en el sector privado como en el público.

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Según los documentos, las acciones de Rodolfo “violaron de forma ostensible los principios de estabilidad en el empleo y el derecho al mínimo vital en los términos en el que se han venido produciendo en la ejecución de los contratos de trabajo. En este caso se observó una ilegal reestructuración de empleos en el municipio de Bucaramanga, que vulneró el derecho a la asociación sindical, propiciando su injusta disolución”. 

Y como en el asunto de Vitalogic, el tema es probatorio y las evidencias existen. Según la Fiscalía se cuenta con 56 grupos de pruebas que documentan el caso con tres cuadernos de anexos. En el primero existen 188 evidencias, en el segundo 134 y en el tercero más de 20. Fuera de eso, ese proceso cuenta con 32 testimonios. Todos demuestran que la situación jurídica del que aspira a ser el próximo presidente de Colombia, no es la más favorable. 

Terminemos. 

Por esos hechos la Fiscalía y la OIT lo acusaron. Pero quedémonos en lo local. El próximo 26 de julio, el candidato imputado tiene audiencia oral para responder por este caso. La audiencia hasta ahora ha sido, extrañamente, aplazada tres veces en el juzgado. 

Lo que es claro es que el mes de julio va a ser apretado para el ingeniero, si se tiene en cuenta que el 21 iniciaría el juicio para que se le condene por el caso de corrupción de Vitalogic y solo cinco días después tendrá que presentarse ante otro juez por este caso de persecución laboral. Eso mientras puede estar, según las encuestas, dirigiendo un empalme administrativo de gobierno, si es que llega a ganar la presidencia.   

Más preocupante aún, de acuerdo con el documento de la Fiscalía, las conductas de Rodolfo Hernández en contra de la ley por el tema laboral podrían implicar una multa entre 300 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una pena de prisión de 3 a 5 años.

De aplicarse la sentencia por parte del juez de este caso, el candidato imputado Rodolfo Hernández podría pasar su periodo de gobierno, parcial o totalmente, tras las rejas. De pronto a lo que está aspirando el ingeniero no es a manejar el país por medio de la presidencia sino a tener el suficiente poder para lograr evadir sus temas pendientes con la justicia o seguir aplazándolos. Colombia ya tiene experiencia padeciendo los daños institucionales que se generan por ese mal. 

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