El presidente electo, Gustavo Petro, ha manifestado que su proyecto de gobierno tiene como fin lograr que la Constitución de 1991 se cumpla. Y tiene razón. La ruta trazada por nuestra Carta Política es el camino que deberíamos seguir si pretendemos construir un Estado social de derecho. Pero como ningún proyecto político es perfecto, nuestra brújula de navegación también ha contribuido a desviarnos del rumbo que necesitamos tomar. Es hora de enderezar.
Las facultades electorales de las Altas Cortes y los poderes exorbitantes de la Procuraduría y la Contraloría que quedaron establecidos en la Constitución, han sido una de las razones por las cuales no hemos podido cambiar nuestro destino. No son únicamente un mal diseño institucional o unos orangutanes inservibles, son en realidad la razón por la cual Colombia no se ha podido transformar.
Lo más doloroso de la investigación sobre el saqueo a los recursos de la paz, fue evidenciar cómo se pudieron robar el dinero que ha debido llegar a los municipios más pobres y golpeados por la violencia porque el diseño institucional lo facilitó. La Constitución misma les abre la puerta a los corruptos –que siempre han existido y siempre existirán– para cooptar el Estado y robar sin consecuencias.
Cuando estaba aprendiendo en la facultad los artículos de la Constitución sobre el funcionamiento del Estado sentía que estaban escritos por el mismo Montesquieu. Un tiempo después, y no necesariamente por el pasar de los años que traen una dosis de pragmatismo, sino más bien por mi oficio, entendí su verdadero significado: yo te elijo, tú me eliges, nos enriquecemos juntos y además nos garantizamos impunidad.
El caso de la familia Quiroz, revelado por la periodista Juliana Ramírez en Noticias Uno, lo resume muy bien. Aníbal Quiroz, contralor delegado para las regalías, que está envuelto en el escándalo del saqueo a los recursos de la paz por presuntamente cobrar el 2 por ciento de cada proyecto para no conceptuarlo negativamente, tiene a todos sus hermanos y hermanas contratados por el Estado. Y no son pocos. Es hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz. Su otra hermana, Carolina, es procuradora judicial segunda. Patricia, también hermana del contralor Aníbal Quiroz, trabaja en la Fiscalía, mientras su otra hermana, Pastora Dolores, es funcionaria del Invías. Ana Quiroz trabaja para la unidad de víctimas y María Lourdes es secretaria de educación de la Gobernación del Cesar. Pero aquí no termina. La esposa del contralor Aníbal Quiroz, Ana Lorena Vaquiro, también es asesora de la Procuraduría General de la Nación.
Por eso cuando me preguntan sobre el papel de los entes de control en el escándalo del saqueo a la paz, les respondo: ¿ustedes creen que alguien va a investigar a algún miembro de la familia Quiroz? No se van a investigar entre ellos mismos.
Pero mi aterrizada contra la realidad fue aún más dura cuando conocí a los valientes periodistas que trabajan con las uñas y ponen en peligro todos los días sus vidas en los territorios. Allá, en esa Colombia que no vemos por la excesiva centralización, y no escuchamos porque simplemente no nos interesa, llevaban gritando hace meses que se estaban robando los recursos de la paz con la complicidad de los entes de control y nadie los escuchó.
El medio independiente El Periódico, del Cesar, reveló cómo la procuradora Margarita Zabaleta Molina, que lleva los procesos disciplinarios de los municipios PDET Agustín Codazzi, Becerril y La Paz, entre otros, había sido contratista anteriormente de algunos de los municipios que hoy debe vigilar.
Entonces nos podemos preguntar: ¿por qué después de que el alcalde de La Paz, Cesar, salió en un video pidiendo coimas para aprobar un proyecto en el Ocad Paz no ha pasado nada?; y la respuesta es otra pregunta sencilla, ¿usted sabe quién es la procuradora provincial que antes era contratista?
Así es como se roban los recursos de los más pobres con total impunidad. Los recursos de esa paz que nos arrebataron. Básicamente, gracias a que la Constitución permite que los políticos nombren a los jueces, procuradores y contralores. Que los jueces nombren a los otros jueces y al fiscal. Que el fiscal, el contralor y el procurador quieran y puedan ser presidentes de la república. Y todos quieran ser millonarios mientras son funcionarios públicos.
Es hora de enderezar. Precisamente ahora que tocamos fondo con la Contraloría de Felipe Córdoba, la Procuraduría de Margarita Cabello y la Fiscalía de Francisco Barbosa. Este gobierno y el pasado Congreso aprobaron que estos órganos de control crearan miles de puestos más para devolver favores políticos y garantizar puestos futuros y aun así permitieron que se robaran los recursos de la paz. La Contraloría solo recupera el 0,02 por ciento de los recursos y la Procuraduría solo sirve para perseguir a alcaldes opositores. La Constitución de 1991 se equivocó, hay que reformarla.
Más vale que el presidente Gustavo Petro insista en acabar con la Procuraduría y de una vez reformar la Contraloría. El país necesita un cambio. Las Cortes y los entes de control se deben dejar reformar. No más yo te elijo y tú me eliges.
