El fantasma de la violencia recorre sin tregua los territorios
Un grupo de desplazados hace una pausa en su travesía.
Entre enero y julio, la Defensoría del Pueblo registró 84.964 desplazados, mientras Naciones Unidas informó que los ataques contra la población civil aumentaron en un 25 por ciento y la Fiscalía sumó 136 líderes sociales asesinados. Análisis.
Por: Armando Neira
¿Qué está pasando en los territorios? ¿Por qué algunas cifras de violencia siguen en aumento en un país que para muchos es lejano? ¿Cómo explicar que, pese a la promesa del presidente Gustavo Petro de devolver la tranquilidad a las comunidades olvidadas, el Gobierno esté fracasando en este objetivo?
Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), afirma que las organizaciones armadas ilegales han pasado de ejercer control territorial a imponer un control social ante la ausencia del Estado. Ni siquiera los esfuerzos más visibles han dado frutos. Ni en Catatumbo ni en El Plateado.
“Se decretó la conmoción interior para el Catatumbo, donde estuve hace unos días, pero hasta hoy no se han visto cambios reales que beneficien a las comunidades”, aseguró.
“Lo más triste es que ya se habla de un nuevo desplazamiento masivo que estarían forzando las organizaciones armadas allí presentes. Y seguro que, si esto sucede, la gente saldrá más rápido porque ahora tiene la experiencia de que la amenaza es real”.
Iris Marín, defensora del Pueblo, coincide en que la intervención del Gobierno “no ha sido efectiva en controlar la situación ni en detener el desplazamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos”.
El incierto camino del éxodo
Subraya que son casi 85.000 personas desplazadas solo este año, con hitos masivos como el del Catatumbo, donde más de 70.000 emprendieron el camino del éxodo.
Los puntos geográficos de huida se concentran en los departamentos del Valle, Norte de Santander, Chocó, Cauca y Nariño. La Colombia de la periferia. En materia de confinamiento, más de 11.000 personas han sufrido esta restricción en 2025, principalmente en Antioquia.
“El sistema de alertas tempranas monitorea de manera permanente todo el país y, actualmente, el 37 por ciento de los municipios está bajo advertencia por distintas dinámicas del conflicto armado y la criminalidad organizada”, dice la defensora Marín.
En las últimas horas se conocieron informes que refuerzan la desazón. La cifra exacta divulgada por la Defensoría del Pueblo es de 84.964 personas víctimas de desplazamiento entre enero y julio.
Estas salieron de sus hogares por la presencia de actores armados ilegales, amenazas, riesgo de reclutamiento y otros factores que muestran que las historias de violencia que contaban los abuelos en los años cincuenta continúan.
De tragedia en tragedia
Solo en el Catatumbo, el dato exacto es de 73.053 personas que dejaron sus hogares y se echaron al camino con unos pocos enseres, con la incertidumbre del futuro, pero con la certeza de que así salvarían sus vidas.
Además, ahora también existe una modalidad de delito tan perversa como efectiva: el confinamiento. Como acaba de pasar en El Retorno, Guaviare, en donde nadie se mueve ni dice nada por temor a que los señores de la guerra, Calarcá o Mordisco, decidan su cruel destino.
En lo corrido del año, más de 113.000 personas han sido sometidas a confinamiento, un 52 por ciento más que en 2024. Poblaciones de Cauca, Chocó, Guaviare y Valle concentran los casos, en donde pocos se atreven a dar un paso debido a la existencia de las fronteras invisibles.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) señaló que, también entre enero y julio, el número de personas afectadas por ataques contra la población civil aumentó en un 25 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.
Solo en julio, más de 6.880 civiles sufrieron estas acciones, especialmente en Cauca, Amazonas y Nariño, un incremento 17 veces superior al de julio de 2024.
Control social
Los armados ilegales, dice OCHA, imponen su ley con medidas de control social, amenazas y homicidios selectivos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades. Aquí no hay norma que valga porque se trata de violaciones a los principios de distinción y proporcionalidad, así como a otras normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Hay regiones que viven una paradoja. Son geografías espléndidas, pulmones de vida, pero donde impera el miedo. En Amazonas, en el mismo lapso, 9.275 civiles fueron afectados, lo que equivale a un aumento del 91 por ciento en comparación con todo 2024 y del 168 por ciento respecto de 2023. La misma tendencia se observa en Cauca, Putumayo, Valle, Norte de Santander, Magdalena y Córdoba, asegura esta oficina de Naciones Unidas.
La imposición de restricciones a la movilidad sigue siendo una estrategia de los grupos armados ilegales sin que el Estado logre impendirlo. En julio, más de 21.700 personas fueron confinadas, principalmente en Bolívar, Nariño, Chocó, Arauca y Cauca.
A este panorama sombrío se suma una estadística vergonzosa: en 2025 la Fiscalía ha registrado el asesinato de 136 líderes sociales, lo que equivale a que cada día y medio asesinan a una persona dedicada a la defensa comunitaria.
Todos muertos
Indepaz tiene 105 casos y Naciones Unidas ha verificado plenamente 41. Según González, incluso las aparentes disminuciones en algunas zonas podrían explicarse porque ya no quedan líderes por asesinar. Como en la literatura: “los muertos fuimos todos”.
Medios especializados, como Verdad Abierta, llevan décadas siguiendo los horrores de la guerra, desde que había organizaciones nacionales con un mando definido hasta esta etapa de fragmentación.
Se esperaba que este Gobierno contuviera el riesgo contra los líderes sociales, pero eso no ha ocurrido, relata este portal. Aunque las cifras son algo más bajas que en años anteriores, el saldo sigue siendo dramático. Y el año no ha terminado: falta casi un cuatrimestre, cuando históricamente se registran más asesinatos.
¿Por qué esta espiral? La violencia responde a intereses económicos, tanto legales —agroindustria, ganadería, monocultivos— como ilegales —minería y narcotráfico—. Ambos generan choques con los líderes sociales, cuyas acciones suelen enfrentarse a esos intereses.
Los grupos armados ilegales hacen parte de esa lógica y buscan neutralizar esos liderazgos. Entre los responsables se mencionan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las disidencias de las antiguas Farc, que, en su afán de posicionarse, estigmatizan a los líderes locales.
Voy y vuelvo
El desplazamiento forzado obedece a la confrontación entre grupos ilegales —Autodefensas Gaitanistas, disidencias y el ELN—. Más que estratégico, parece un mecanismo de protección de las comunidades: “Me voy mientras dura el choque y luego regreso”. Aún no se sabe si algunos desplazamientos responden a patrones antiguos de despojo para megaproyectos o repoblamientos forzados.
El Catatumbo es un caso crítico por su ubicación fronteriza y la presencia del narcotráfico. Allí se observa un intento de vaciamiento territorial con fines económicos.
Según Luis Trejos, experto en conflicto y docente de la Universidad del Norte en Barranquilla, el aumento del desplazamiento y de la victimización de líderes debe entenderse en un contexto de múltiples conflictos horizontales entre grupos armados por el control de territorios, lo que deja a las comunidades atrapadas en el fuego cruzado.
En algunos casos, los grupos armados usaban repertorios de violencia no letal, como los paros decretados por el ELN en el Chocó frente al avance del Clan del Golfo. Hoy la confrontación es cada vez más sangrienta y expone directamente a los civiles.
Un 2025 doloroso
Trejos se pregunta: ¿por qué la intensificación de la violencia en 2025? Su respuesta: muchos grupos están elevando sus apuestas de cara a las elecciones de 2026. Tras haber logrado sus objetivos con este gobierno, acumulan territorios y recursos a la espera de negociar o confrontar al próximo.
Diego Arias, residente en Cali y también experimentado investigador del conflicto, añade que el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes son dos de los aspectos más trágicos y dolorosos de una violencia que no solo persiste, sino que se ha incrementado durante este Gobierno.
“Estamos en presencia de una crisis humanitaria de dimensiones imposibles de ocultar, por más que, como dice el presidente, ‘ha disminuido la violencia en Colombia’”, afirma Arias.
Las causas se remontan tanto a la falta de implementación del acuerdo con las Farc como a la creciente pérdida de control territorial del Estado debido a la reducción de capacidades operativas de la fuerza pública. A ello se suman las contradicciones entre la política de paz total y la política de seguridad, que para muchos, en la práctica, no existe.
La tierra del olvido
La prioridad, según diversos analistas, debería ser recuperar el control territorial. Para Néstor Rosanía, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el desplazamiento responde a la descentralización del conflicto:
“Ya no son estructuras jerárquicas, sino grupos pequeños dispersos en todo el país. Entre más grupos existen, más disputas hay por el control territorial, lo que afecta directamente a la población civil”.
Además, explica que los grupos ya no dependen solo de la cocaína, sino de múltiples rentas ilegales, lo que intensifica su interés por dominar comunidades. En algunos territorios, la minería ilegal ya genera más dinero que la cocaína.
Esto convierte a los líderes sociales en objetivos militares. Algunos defienden a sus comunidades, otros el medioambiente y el territorio, y otros se oponen a proyectos extractivos. Todos, sin excepción, terminan siendo amenazados o asesinados.
Rosanía advierte también que existe una jerarquización en los asesinatos: cuando son líderes rurales, las cifras pasan inadvertidas; en cambio, si se trata de un líder urbano, la alarma es mayor. En todo caso, el problema trasciende al actual gobierno: se intensificó en el mandato de Duque y comenzó a finales del de Santos, dice él.
El reino del miedo
Mientras en los centros urbanos se discuten otros temas, algunos triviales, en muchas regiones del país reina el miedo.
De hecho, González Perafán, de Indepaz, acaba de publicar un documento titulado 'Los corredores de la muerte', en el que alerta sobre la existencia de rutas geográficas donde la vida está en suspenso: lugares atravesados por el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos, el desplazamiento y la guerra cotidiana impuesta por actores armados ilegales.
“Llamarlos corredores de la muerte no es una exageración retórica, sino una descripción cruda de lo que representan en la arquitectura del conflicto: zonas de paso, pero también de exterminio, control y sometimiento”, concluye.
Lea los comentarios
