¿Tendrá el nuevo gobierno la grandeza de continuar lo que sirve?
Quien llega al poder tiene una oportunidad poco común en nuestra política: demostrar que vino a gobernar un país, no solo a sepultar a su antecesor.
La reforma agraria será una prueba inmediata. El gobierno Petro no cumplió su meta más ambiciosa —comprar tres millones de hectáreas y formalizar siete—, pero tampoco dejó las manos vacías. Según cifras del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, se compraron cerca de 450.000 hectáreas y más de 2,5 millones entraron a distintos procesos de acceso y formalización. Casi 1,9 millones ya tienen título. ¿La respuesta sensata será desconocer todo lo actuado? Yo creo que no. Y tampoco creo que los milagros se hagan más fácil partiendo de cero.
El reto ahora es más claro que ideológico: convertir la tierra en bienestar. Propiedad clara, sí, pero también vías, crédito, asistencia técnica y mercados. Sin eso, la tierra es una promesa hueca.
Y aquí llega la primera señal. El presidente electo Abelardo de la Espriella nombró como ministro de Agricultura a Indalecio Dangond, con la promesa de bancarizar a 2,5 millones de campesinos y legalizar títulos de propiedad rural. En el papel, suena a continuidad. En los hechos, hay una grieta que no se puede pasar por alto.
Dangond llega al Ministerio salpicado por un escándalo que él mismo ayudó a construir. Su firma, Open Loans, estructuró y avaló el crédito que le permitió a Juan José Lafaurie Cabal —hijo de la senadora María Fernanda Cabal y de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y propietario de grandes extensiones de tierra en el Cesar— acceder a un crédito preferencial de 400 millones de pesos y a un subsidio estatal de casi 95 millones, beneficios que la ley reserva para pequeños productores. Una auditoría de Finagro encontró que el predio en cuestión pertenece en realidad a una sociedad de la familia Lafaurie Cabal, no al solicitante, y el caso ya está en la Contraloría.
La familia lo niega. Dice que fue política pública, no favor. Puede que los jueces lo determinen algún día. Lo que no admite duda es la pregunta que deja planteada: el hombre que ahora decidirá quién es campesino y quién es latifundista ya demostró, con nombre y apellido, de qué lado abre la puerta.
Y el perfil completo del ministro no ayuda a despejar la duda. El propio gobierno entrante ha sido claro: mientras Petro puso el acento en la redistribución de tierras, la nueva administración anuncia un giro hacia la agroindustria, el emprendimiento rural y la modernización tecnológica del campo. Críticos como el antropólogo Edwin Causado ya lo han señalado en público: Dangond es también propietario de tierras, con un hermano beneficiado en el pasado por los cuestionados subsidios de Agro Ingreso Seguro. Un ministro cercano al gran propietario, al frente de un ministerio que debía servirle al campesino sin tierra, no es un detalle menor. Es un cambio de rumbo. Y en ese rumbo, la restitución que el Acuerdo de Paz les prometió a las víctimas del despojo corre el riesgo de quedar, en la práctica, más que suspendida.
Una reforma agraria no se hace en un gobierno. Se hace en varios, con políticas que se acumulan en lugar de borrarse. Ese es el milagro que estamos esperando. Porque, tal como están las cosas, lo que se avecina en este Ministerio no es continuidad. Es borrón y cuenta nueva.
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