Los críticos de la JEP suelen decir que esta justicia especial se ha ensañado con los militares, mientras ha sido condescendiente con las antiguas Farc. Falso.
El 18 de diciembre de 2015, los entonces ministros de Defensa y de Justicia, frente a la cúpula militar y al presidente de la República, en la ceremonia de ascenso de los oficiales superiores de las Fuerzas Militares y de Policía, firmaron un compromiso público para que a ellos también les aplicara la justicia transicional. Temían que las amnistías para los guerrilleros que dejaron las armas salieran avante, mientras que los beneficios judiciales para los militares terminaran condenados como amnistía encubierta, contraria al derecho internacional, en instancias domésticas e internacionales.
Por eso se hablaba de que el arreglo de justicia transicional de La Habana debía ser “inescindible”, de manera que quedaran o todos en la cama o todos en el suelo; no unos en el Congreso de la República y los otros en la cárcel, condenados por crímenes de lesa humanidad. La justicia transicional del Acuerdo Final de Paz pasó la prueba de la Corte Constitucional y, hasta ahora, con buena nota, la de la CPI y la Corte IDH.
El Estado, y esta Jurisdicción, han honrado su palabra. La JEP ha aplicado a pie juntillas la cláusula constitucional que se incluyó como principio en el Acto Legislativo, por petición expresa del Ministerio de Defensa, de un tratamiento “simétrico, simultáneo, equitativo y equilibrado” para los antiguos miembros de la fuerza pública que participaron en crímenes en la guerra.
Aplicando la ley de amnistía, los fiscales y jueces de la República dejaron en libertad a los guerrilleros presos por rebelión y otros delitos conexos. En virtud de los “tratamientos penales especiales simétricos y simultáneos” consignados en la misma ley, se le concedió la libertad condicionada y anticipada a más de 2.000 militares procesados y/o condenados por asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Como han dicho algunos en sus versiones ante esta justicia especial: “La JEP nos dio una nueva oportunidad en la vida. Nos íbamos a podrir en la cárcel”.
5.331 militares retirados se han acogido voluntariamente a la JEP para resolver su situación jurídica. 3.271 no fueron hallados máximos responsables y 605 de ellos ya han recibido la renuncia a la persecución penal, con el cierre definitivo de las investigaciones y procesos que tenían en su contra. La rendición de cuentas de los máximos responsables le da vía libre al no enjuiciamiento penal de miles de hombres que participaron —aunque no de manera determinante— en crímenes no amnistiables.
A través de la JEP, el Estado cumple con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves de la guerra. Si algo ha guiado este trabajo es el principio de simetría. El Caso 01, sobre los secuestros de las Farc, corre en paralelo al Caso 03 sobre los ‘falsos positivos’. El Caso 06, sobre el genocidio de la Unión Patriótica, avanza junto al Caso 07, sobre el reclutamiento de más de 18.000 niños y niñas por parte de las Farc. La JEP le ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 338 personas, incluidos todos los sobrevivientes del antiguo secretariado de las Farc y a la mayoría de los antiguos mandos de los bloques y los frentes guerrilleros más importantes. Así como a algunos comandantes de División, Brigadas y batallones militares y otros oficiales, suboficiales y soldados, que participaron de manera determinante en los crímenes.
En general, los comparecientes también le están cumpliendo al país y a la JEP. El 91 % de los máximos responsables imputados de las antiguas Farc y la fuerza pública han tenido el valor y coraje de reconocer su responsabilidad. Muchos lo han hecho en audiencias públicas, dándoles la cara a las víctimas y al país. Han mostrado que es posible mirar críticamente el pasado y atreverse a un diálogo profundamente humano.
Este ejercicio inédito, doloroso pero liberador, hace más fuerte y legítimas las Fuerzas Militares.
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