
La paz es un propósito de la humanidad, de cualquier nación, de cada familia y de todo ciudadano. Hasta ahí todo bien. Nadie puede disentir del objetivo de buscarla. Los problemas surgen cuando empieza la discusión de cómo alcanzarla para que sea duradera y qué precio está dispuesta a pagar la sociedad para lograrla.
Los peligros existen y así lo reconoce el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando dice que “Hace unos días me preguntaron en una emisora si era consciente de que avanzar por esa ruta de la paz generaba muchos riesgos y costos. Les respondí: estos son los riesgos que vale la pena correr por la paz de Colombia” (El Tiempo, “La paz total”, 30 de octubre de 2022). Sin duda, todo el que emprende semejante empresa corre el riesgo de naufragar y de no llegar al puerto de destino. Sin embargo, fracasar en el intento es el menor de los problemas. Hay una situación peor.
Con bastante frecuencia ocurre que los procesos de paz y de sometimiento a la justicia terminan sin resolver de manera definitiva las condiciones sistémicas efectivas y concretas que subyacen las conductas criminales y la violencia. De hecho, eso ocurrió con los procesos de paz de Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que quedaron a medias. En esos tres procesos en vez de desmontar el combustible que nutre a las guerrillas y a los paramilitares más bien lo potenciaron, generando una nueva iteración de la violencia en un orden de magnitud superior. La buena voluntad fue aprovechada para profundizar la ilegalidad y las capacidades de la criminalidad.
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