Hacia el despeñadero

No hay que decir mucho para demostrar que la situación de seguridad ha sufrido un deterioro constante desde la llegada de Iván Duque. No hay día sin policías y soldados asesinados; no hay día sin un acto terrorista; no hay día en que no mueran ciudadanos víctimas de la criminalidad en las calles. Poco a poco, la franca mejoría en el orden público —que heredó este gobierno— se ha ido reversando. Es tan protuberante la erosión en la tranquilidad pública que la inseguridad se ha convertido otra vez en una de las principales preocupaciones de los colombianos. No deja de ser paradójico que sea precisamente este gobierno —hijo de la “seguridad democrática”— el que presida sobre el colapso que hoy se observa.

Ante la gravedad de la situación no deja de ser risible que el ministro Molano busque eludir su responsabilidad echándole la culpa a los rusos, a Maduro, a Irán, a Hezbollah... La realidad es que lo que está ocurriendo es el resultado de una serie de errores que se han ido acumulando hasta el punto de que la ecuación entre el Estado y la criminalidad se está inclinando peligrosamente en favor de las organizaciones delincuenciales.

La ofensiva contra los acuerdos de paz; los intentos por deslegitimar sus aspectos fundamentales como la JEP y la Comisión de la Verdad; la desprotección de los excombatientes de las Farc; la indolencia para implementar las normas complementarias; la debilidad del programa de sustitución de cultivos, todo eso llevó a que el “dividendo de la paz” se desvaneciera a los pocos meses del inicio del actual gobierno. Esa tranquilidad que significó la desmovilización de una guerrilla de alcance nacional, prácticamente un ejército, se degradó en la medida en que los excombatientes fueron perdiendo la fe en que se cumpliría lo pactado.