
Estamos próximos a cumplir un año del peor estallido social que haya vivido Cali en su historia reciente. Mirando en retrospectiva esos duros y confusos días, quedan dudas sobre las lecciones aprendidas y sobre la caracterización de la ciudad que habitamos.
El paro nacional se convocó como una protesta contra el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, y con los días, en las ciudades afloraron otros asuntos locales de inconformidad social. En Cali la inequidad y la falta de oportunidades son evidentes; se trata de la ciudad que logró cifras alucinantes de pobreza extrema después de la pandemia, pues la informalidad ocupa un reglón muy importante en nuestra economía: El vendedor de aguacates, la que atiende el puesto de arepas o vende jugo de naranja, los del rebusque –que son muchos–, se quedaron sin ingresos. Es, además, una ciudad que recibe migrantes del Pacífico y del Cauca por el recrudecimiento de la violencia en esos territorios, así como migrantes venezolanos que se suman a la situación de vulnerabilidad y pobreza. El estallido evidenció la inconformidad de amplios sectores sociales populares y de estratos medios de nuestra sociedad, víctimas de desigualdades que llevan años.
La Sultana fue escenario de los peores bloqueos y enfrentamientos durante el paro nacional, y de agresiones inverosímiles entre los habitantes de un mismo territorio.
Se rebautizaron y se resignificaron espacios urbanos: La tradicional loma de la cruz se convirtió en la loma de la dignidad; el puente de los mil días en el de las mil luchas y puerto rellena en puerto resistencia.
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