
Antes de que la Procuraduría decidiera investigar y suspender por tres meses a los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que frenaron la venta de la empresa de servicios públicos de Barranquilla, la famosa Triple A, ya se habían cometido muchas irregularidades en ese negocio, que desde el principio olía muy mal.
Sorprende que para ese entonces el tan eficiente Ministerio Público que ahora tenemos nunca metió sus manos en todo lo que pasó y, convenientemente, ese organismo de control no se preocupó por cuidar los recursos de los colombianos como lo hace hoy, no sancionó a nadie y ni siquiera indagó.
Gracias a esas decisiones y a la selectividad de los que investigan, el verdadero responsable del caos en la Triple A seguirá tranquilo sin tener que asumir las consecuencias de sus actuaciones. Por el contrario, queda demostrado, una vez más, es que en Colombia se sigue utilizando el poder de una entidad tan importante como la Procuraduría para hacer política y defender intereses particulares.
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