
En la primera semana del año atentaron contra la vida del alcalde de Tumaco, secuestraron a funcionarios de la Registraduría en Chocó, asesinaron líderes sociales en el Cauca y a firmantes del acuerdo de paz en Sucre. No cabe duda, la inseguridad urbana y las acciones de los grupos armados ilegales en la zona rural son hoy los problemas más graves que enfrenta el país y constituyen, además, una amenaza para nuestra democracia. Es cierto que hay desaceleración económica y el crecimiento de este año no llegará al 2%; que hay serias deficiencias y descoordinación en el Gobierno nacional y que persiste la incertidumbre sobre la suerte de la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Pero por encima de esas preocupaciones, con una ciudadanía cada vez más asustada, aparece la necesidad de recuperar la seguridad como tarea prioritaria para el 2024.
El primer gran desafío es garantizar el estricto cumplimiento de los acuerdos de cese al fuego con el ELN y las disidencias de las Farc. En cuanto a los elenos hay un mecanismo de monitoreo y se puede afirmar que el cese de los últimos meses ha contribuido a disminuir la intensidad del conflicto y el drama humanitario en muchas zonas.
Es evidente la disminución de los hechos de violencia, sin que se pueda afirmar que el cumplimiento ha sido total. Además, es esencial el cumplimiento del compromiso de la guerrilla de suspender la práctica del secuestro y regresar sanos y salvos a sus hogares a los secuestrados que tienen en su poder, como lo exigió esta semana el propio Papa Francisco. En el caso de las disidencias la incertidumbre y la desconfianza es mayor y las esperanzas pocas. A pesar de la “pela” que se dio el gobierno al reconocer status político a quienes traicionaron el acuerdo, persisten la violencia y los asesinatos de excombatientes que han cumplido sus compromisos con la sociedad y hay poca claridad sobre lo que se negocia en la mesa. Finalmente, es evidente que la implementación del acuerdo con las Farc, condición sine qua non para consolidar La Paz en los territorios, no es una prioridad para el gobierno nacional.
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