
Desde el inicio del gobierno la relación entre el presidente Petro y los empresarios ha sido tormentosa. Ha señalado a los gremios y a los grupos económicos de enemigos de las reformas, de responsables de todos los males de Colombia, de traidores del cambio. Acusó al “establecimiento” y a sus medios de comunicación de estar conspirando para impedir que el mandato popular se convierta en realidad. Hace solo unas semanas falto poco para que el presidente Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño, mandara al pueblo enardecido a linchar a los ricos obstruccionistas, reaccionarios y retardatarios.
Esa animadversión hacia el sector privado no solo se ha quedado en la retórica. El gobierno Petro, en materia de las decisiones administrativas y de política pública, ha optado por un camino poco usual en Colombia. Se ha dedicado a intervenir precios, torcer licitaciones, debilitar la confianza jurídica y trasladarle al Estado todo lo que pueda. Y de pronto, súbitamente, por arte de magia, parecería que Petro quiere ser el mejor amigo de la oligarquía.
Desde finales del año anterior y con mucha más fuerza en el 2024 se ha observado un giro notable en la actitud del gobierno de Gustavo Petro hacia quienes denominó en el pasado “el gran capital”. A pesar de que el ala dura del Pacto Histórico mantiene su usual pugnacidad y la beligerancia contra el empresariado, difícil no reconocer que desde la Casa de Nariño hay señales de diálogo y de mayor colaboración. ¿Qué hay detrás de este acercamiento? ¿Qué tipo de diálogo es el que se propone? ¿Es un acto de contrición o una táctica de conveniencia?
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