Rebaja de penas para abusadores de menores

No tenemos salvación. Las cifras de Medicina Legal dicen que, entre enero y agosto de 2024, se han registrado 375 homicidios de menores en Colombia. Son 18 casos menos a los documentados en el mismo periodo de 2023, cuando ocurrieron 393 casos. Las estadísticas de delitos sexuales son, también, escalofriantes: según los reportes de la Estadística Delictiva de la Policía, entre enero y agosto de 2023 se presentaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, de ellos 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes. Es desolador, pero, ¿qué hacer?

La salida fácil es pedir, a gritos y pataleos, la cadena perpetua y la pena de muerte por lapidación. Es más difícil respirar, tomar una distancia analítica y basada en la evidencia, y tratar de entender el problema, sus causas y los posibles cambios en la justicia que pueden ayudar a mitigar este horror. Y sí, digo mitigar porque, como la mala hierba, esto no desaparecerá. Podemos comenzar haciendo preguntas. Si el argumento principal de quienes proponen la cadena perpetua o la pena de muerte es proteger a los niños, ¿esa protección de los derechos de niñas y niños depende solo de las sanciones penales?, ¿establecer una cadena perpetua o una pena de muerte evitaría esta violencia desmedida contra ellos?, ¿hay alguna evidencia, desde la criminalística, que soporte esta propuesta?

Quienes se oponen a estas medidas, que incluyen a las Cortes, la Fiscalía actual y el Ministerio de Justicia, argumentan que se trata de populismo punitivo, muy lucrativo en términos electorales, e inútil para prevenir estos crímenes atroces. En 2021, cuando se aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, el editorial de El Espectador recordaba una situación paradójica: esa legislación abrió la puerta para que las personas condenadas salieran antes de prisión. Decía: “es decir, por querer hacer un espectáculo político con el proyecto, los parlamentarios terminaron flexibilizando la pena para estos delitos graves”.