Objetivo, 2026

Nadie puede ocultar el hecho de que la relación del presidente Petro con los poderes públicos es hoy muy diferente a la que se observó meses atrás. Aunque siempre ha mantenido una actitud desmesurada e ideática en sus discursos, en el primer año el tono gubernamental fue de acatamiento y su actitud de respeto hacia las instituciones. Era como si estuviese tanteando el terreno, midiendo el alcance del poder presidencial, evaluando las consecuencias. Es como hacen los boxeadores al principio de una pelea, se cruzan unos golpes inanes, se miden las distancias y una vez que el contendor está calibrado empieza la verdadera pelea.

En el segundo año, pasado el momento de las fintas, ya se van a la mandíbula. No solo es el grave ataque provocado desde la Casa de Nariño contra el Palacio de Justicia para forzar el nombramiento del fiscal general. Hay muchas cosas más. El Gobierno sigue avanzando en negociaciones con organizaciones criminales sin contar con las herramientas de una ley de sometimiento, como lo ordenó la Corte Constitucional. A ello hay que sumarle el intento de desacato del suspendido canciller Leyva y su negativa a acogerse a los procedimientos del régimen administrativo de los empleados públicos.

Además, el Gobierno ha perdido la vergüenza a legislar por decreto. Esto se vio diáfanamente con el intento en curso de poner a discreción del presidente, por vía de un decreto, la facultad de hacer y deshacer su voluntad con las vigencias futuras y el presupuesto aprobado por el Congreso. El presidente Petro le ha perdido el respeto al legislativo en gran medida porque se ha dado cuenta de lo fácil que es ponerlos a comer de la mano con prebendas y nombramientos.