El tiempo se agota, y el ordenamiento, ¿llegará?

Los procesos de titulación de tierras en Colombia avanzan lentamente en zonas críticas donde se requiere la estabilización de la frontera agrícola. La compatibilización de los procedimientos de ordenamiento social de la propiedad y ordenamiento ambiental debe ser una prioridad en la política pública para consolidar los esfuerzos de atención a poblaciones campesinas vulnerables, así como a resguardos indígenas, y la conservación de las Áreas de protección ambiental. En medio de las dificultades propias de la institucionalidad pública aparecen retos legales y tecnológicos que se deben superar de manera urgente, como lo demuestra el tortuoso avance del Catastro multipropósito en el país. A pesar de los múltiples apoyos internacionales, financieros y técnicos, el proceso aún no despega a la velocidad que van las transformaciones en el país rural, especialmente. Y sin esta herramienta, es más complejo aún pretender desarrollar procesos de reconocimiento de derechos territoriales, cuando ni siquiera sabemos cuál es la condición real de la ocupación y el uso del suelo en vastas zonas del país. La gente en el campo ha reemplazado, con justa razón, este embeleco, a través de las “carta-venta”, que es un documento hecho entre vecinos, avalado por su junta comunal, y luego llevado a notaría, dándole formalidad a una transacción de buena fe.

En muchas zonas del país, los grupos armados, también han funcionado como agentes de reconocimiento de derechos, o de imposición, y, en sus bases de datos, tienen la georreferenciación de cada familia, tiempo de llegada, uso del suelo, y otras “variables” más. En caso de disputa entre vecinos, el actor armado siempre ha aparecido como fórmula para dirimir las disputas, retrasando siglos la “reincorporación” del Estado a las zonas rurales; de hecho, recientemente, varios grupos han avanzado -vía presión armada- en hacer levantamientos topográficos finca a finca, así como la caracterización de usos. Increíblemente, el otro país, el de la ruralidad en conflicto, se distancia cada vez más de nuestra burocracia, paquidermia, descoordinación, y falta de visión para entender las oportunidades en la construcción de paz en escalas territoriales.

¿Podremos cambiar esta tendencia? Creo que sí es posible y se debe acudir a una estrategia más flexible, pragmática, donde se puedan unir las capacidades de instituciones públicas, privadas, académicas y de organizaciones sociales, donde todo aquel que pueda hacer levantamientos de información, lo ponga en bases de datos abiertas, interoperables, que alimenten el proceso formal, que vaya desde el Catastro hasta las solicitudes de adjudicación en áreas de baldíos. El camino de los operadores catastrales, puede ser una herramienta vital, pero de igual forma, los esfuerzos de las instituciones ambientales que vienen trabajando modelos detallados de planificación predial, en el desarrollo de sistemas sostenibles de uso del suelo, que incluyen levantamientos predio a predio, e inclusive veredales.