Cosechando cambios y desbucolizando el conflicto

En medio de un calor infernal, y las noticias de incendios propagándose por varias partes del país, escuchaba una serie de anuncios para darle cuerpo a una estrategia para la estabilización de la frontera agropecuaria. Reiterar y fortalecer la vocación de uso forestal de la Amazonia, manteniendo su estatus de reserva forestal sin sustraerla y combinarla con modelos de reconocimientos colectivos e individuales para pobladores vulnerables, es una enorme noticia, que rompe una tradición de más de 60 años, donde las reservas forestales eran consideradas zonas que impedían la existencia de comunidades o el desarrollo de usos forestales sostenibles. El cambio es rotundo: la discusión y decisión es sobre el uso, y no sobre las comunidades allí asentadas. Igual, sobre el tipo de beneficiario, que debe ser población vulnerable usuaria de los baldíos de la nación, en vez de acaparadores y traficantes de tierras públicas.

De igual manera, se abrió otra figura, que implica, usar bosques, sin que necesariamente tengan asentamientos en su interior, es decir, población residente a través de la creación de las Concesiones Forestales campesinas una figura novedosa en Colombia que ha permitido el más importante desarrollo de la economía forestal campesina y empresarial en países como Guatemala, que después de tener una deforestación y violencia rampante en sus bosques y áreas protegidas durante décadas, cambia esa tendencia y muestra una economía creciente de productos maderables y no maderables, una cobertura forestal que se amplía en la mitad del corredor mesoamericano, así como unas comunidades y asociaciones de productores fortalecidos en su territorio, y con empresas exportadoras exitosas.

También veíamos una presentación conjunta de los ministerios de Ambiente y Agricultura –esperada, como nunca-, que prometen desarrollar mecanismos conjuntos de reconocimiento de derechos territoriales combinados con paquetes técnico financieros, de mediano y largo plazo, para apalancar el programa de pagos por conservación, que será el motor inicial para la reconversión productiva de ganadería hacia bosque, así como la restauración activa como motor de la forestería. Debe convertirse en política de Estado, para garantizar los esfuerzos de presupuesto nacional y cooperación internacional que en materia forestal o se están apropiando para consolidar esa frontera agropecuaria.