Cambio climático, pobreza y economías ilegales

Entender la deforestación como un fenómeno complejo, resultado de muchas interacciones y procesos de largo plazo es fundamental para el desarrollo de una política apropiada para su intervención. Más de la mitad de la población de los municipios del arco amazónico de deforestación no tiene cubiertas sus necesidades básicas (NBI), según datos del DANE, y superan ampliamente el promedio nacional y sólo comparables con otras regiones periféricas y ricas en recursos naturales como el Guainía, Vaupés, Chocó, Vichada y, obvio, La Guajira.

Igualmente, los datos de pobreza multidimensional en departamentos como Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare superan ampliamente el promedio nacional, con niveles de hasta el 46,5 por ciento en zonas rurales como la de este último departamento. Revisando los datos de la inseguridad alimentaria, hace una década la región amazónica presentaba un índice de 64 por ciento, superando también el promedio nacional, así como la desnutrición crónica, donde centenares de jóvenes de esta región han muerto en medio de los más de 5.000 combates registrados en las últimas seis décadas por investigadores del conflicto.

Todo lo anterior, en el marco de un proceso de deforestación y degradación de suelos continuada, en los últimos 50 años, que representan la pérdida de un poco más de 5 millones de hectáreas de bosques, y donde, desde el año 1990, cuando Colombia tiene registros sistemáticos de perdida de bosques, se ha perdido un promedio cercano al 70 por ciento de la deforestación nacional, y donde la variación de los últimos años, ya sea hacía el incremento o disminución, esta íntimamente ligada a las decisiones de los grupos armados que han ejercido el control territorial incluyendo los modelos de uso de la tierra y expansión de la frontera agropecuaria de manera clara en las últimas tres décadas, así como los periodos en que se han desarrollado iniciativas o acuerdos de paz, como en el siglo pasado (1986, 1998), y en el actual (2016 y 2022). El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la dificultad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de un nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa.