Consulta impopular y los riesgos del presidencialismo

Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de recurrir a una consulta popular para aprobar la reforma laboral y de salud, después de que el Congreso las rechazara. También anunció que la fecha de las marchas convocadas para promover las reformas sociales de su gobierno sería día cívico. Petro presenta estas decisiones como actos democráticos que responden a la resistencia de élites políticas que quieren bloquear el mandato popular que demanda cambios en el país.

Sin embargo, no son decisiones democráticas. Más bien, sus acciones revelan un peligro inherente al presidencialismo: la tendencia de los mandatarios a ignorar o evadir las instituciones cuando no logran avanzar sus propuestas.

Para ser claros, la consulta popular que plantea el presidente es legalmente válida. La consulta popular en Colombia permite que cuestiones sobre las cuales haya enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo sean dirimidas por el pueblo. Pero la consulta popular promovida por el presidente Petro no tiene ese objetivo. En realidad, busca iniciar anticipadamente la campaña electoral de 2026, movilizando al Gobierno y sus aliados por todo el país bajo la narrativa de lucha de clases y enfrentamiento contra supuestas élites.
No es cierto que exista un bloqueo institucional. El Congreso ha aprobado reformas importantes al presidente Petro, como la tributaria, la pensional y la reforma al sistema de transferencias, para mencionar algunas. Además, los tiempos establecidos para la consulta popular demuestran la poca sinceridad de la intención del Gobierno: incluso si la consulta es aprobada, la expedición de las reformas podría postergarse hasta el siguiente período legislativo, cuando ya habrá nuevos Congreso y presidente electos.