
Hace un par de décadas, el sistema de Parques Colombianos vivía un auge en el desarrollo de su Constitución Política, especialmente en la búsqueda de caminos para generar sinergias entre el conocimiento tradicional y las ciencias de la conservación en un modelo de coordinación entre autoridades públicas –étnicas y de la conservación– que desde la famosa sentencia del magistrado Eduardo Cifuentes nos puso a soñar en el país de la diversidad biológica y cultural.
Largas discusiones entre grupos de biólogos, sociólogos, antropólogos y abogados, entre otros, se daban en torno a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras, así como de comunidades colono campesinas, y las formas de articular no solo el conocimiento, sino las autoridades de la institucionalidad con las autoridades tradicionales.
Este tremendo reto, jurídico, político y cultural que implicaba reconocer otras formas de gobierno, de cultura, de manejo del territorio, de concepciones sobre la conservación, requería obviamente una aproximación que estaba más allá ‘del escritorio’ y, por ende, tuvimos cientos de kilómetros de trochas y ríos recorridos, decenas de malocas y centros comunales vividos desde adentro, así como reuniones infinitas, extensas, polilingües, nocturnas, rituales, que le dieron contenido a una política que poco a poco se fue consolidando.
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