¿A quien afectan las 12 preguntas?

Varias de las preguntas que propone el Gobierno para la consulta popular son tendenciosas o sesgadas. Están construidas para que la mayoría de la gente responda SI, como por ejemplo si está de acuerdo con que el trabajo dominical se pague al doble del trabajo en los días hábiles. En total, siete de las 12 preguntas tienen esa característica. El mayor defecto de estas propuestas es que a pesar de buenas intenciones no generan empleo, pero si mayores costos, inestabilidad y desempleo. Todas aquellas redactadas para que los votantes respondan SI en una eventual consulta tienen un enorme costo para los afectados si se convierten en ley.

La insistencia en que el trabajo diurno es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, las horas extras adicionales y la pretensión de que el trabajo dominical se pague con un recargo del 100 por ciento, les generan costos adicionales cuantiosos a sectores que son importantes generadores de empleo como el comercio, los hospitales, los restaurantes, los cines y demás sitios de recreación, así como los hoteles, los transportadores, los periódicos y otros medios. Estos costos adicionales van a causar que los servicios que prestan estos establecimientos se encarezcan o que disminuya su oferta con lo cual se le está trasladando el daño al consumidor y a los trabajadores despedidos. La limitación de 6 a 6 de la jornada diurna va a hacer más complicada la planeación operativa de las empresas y probablemente disminuya su productividad al tiempo que encarecen su mano de obra, lo cual puede llevar a que reduzcan empleo y oportunidades de trabajo de la población estudiantil que aprovecha la flexibilidad horaria hoy existente para trabajar al tiempo que estudia. Esto hace innecesaria la pregunta 6, que busca crearles salarios y prestaciones a los aprendices del Sena.

Formalizar por ley a los trabajadores informales, como sugiere la pregunta 10, va a mejorar las condiciones de los que conserven sus puestos porque serán muchos los que queden cesantes cuando sus empleadores hagan cuentas de lo que representan los costos de formalización. El problema de la informalidad no se resuelve por ley o por decreto, como cree poder hacerlo el ministro de Trabajo, sino generando mayor dinámica en la economía y crecimiento económico, lo que no está sucediendo; y capacitando a la población informal, lo que tampoco ocurre. La pregunta 11 aspira a “promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general”. Esto seguramente va a causar mayor desempleo y a inducir automatización y despidos masivos por la inconveniencia y el costo de contratar gente y no poderla despedir cuando se necesite.