Las artes y la reforma a la Ley General de Cultura: una apuesta riesgosa para Bogotá

Hace algunos días, el Ministerio de las culturas, las artes y los saberes presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 630 de 2025, iniciativa que busca actualizar el marco normativo y establecer una nueva hoja de ruta para el fortalecimiento de los derechos culturales en Colombia. El análisis del texto puesto a consideración de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes evidencia la necesidad de que se realicen ajustes sustanciales al texto propuesto para garantizar su viabilidad jurídica y técnica.

Se identifican, por ejemplo, disposiciones que podrían requerir trámite de ley estatutaria por involucrar derechos fundamentales, así como la creación de nuevas fuentes tributarias sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales mínimos, advertidos previamente por la Corte Constitucional. Del mismo modo, el proyecto introduce deducciones fiscales sin estudios técnicos de impacto, lo que pone en entredicho la sostenibilidad financiera de las medidas propuestas.

Un punto particularmente sensible es la inclusión de facultades extraordinarias al presidente de la República, contempladas en el artículo 17 del proyecto. Estas facultades permitirían al Ejecutivo legislar sobre aspectos sustantivos del sector, como la formación, el trabajo cultural, el acceso a la cultura y la expedición de un eventual Estatuto del Artista. Si bien el artículo 150.10 de la Constitución autoriza al Congreso a conferir este tipo de facultades de manera temporal y para fines específicos, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que dicha delegación debe estar debidamente motivada y justificada en la exposición de motivos, tal como lo establece la Sentencia C-503 de 2001. La reforma, en su estado actual, representa desafíos que tienen que ser atendidos. Se requiere una reestructuración integral, mayor precisión conceptual, revisión del título del proyecto y, sobre todo, una justificación rigurosa de cada medida.