Ante la imposibilidad de cumplir todo cuanto prometió hacer en cien días y de mantener un manto de institucionalidad y de integridad que ni él ni muchos de sus colaboradores —para empezar su jefe de empalme condenado, Carlos Alonso Lucio— pueden sustentar, la estrategia del próximo gobierno comenzó antes de cualquier relevo. Se trata, como hemos visto en los últimos meses, de promover por redes sociales y medios empresariales un relato ficcional con fragmentos de verdad sobre este gobierno que termina.
Mientras corren los días, se intenta ocultar el fondo de amoralidad de De la Espriella como próximo presidente de los colombianos: los hechos y las acciones denunciados por varios periodistas como Daniel Coronell, Gerardo Reyes, Cecilia Orozco, María Jimena Duzán, Gonzalo Guillén, Diana Salinas y Edison Bolaños, entre otras y otros, son incontestables: su relación de abogado del extraditado Álex Saab, un oscuro personaje que esquilmó millones de dólares del Gobierno de Venezuela; con el profesor Bruce Bagley, condenado en Estados Unidos por lavado de activos, así como con su asistente en Miami, el paramilitar y narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, un operador de la DEA, sumados al hecho de que se trata de un ciudadano estadounidense que juró lealtad a ese país, son parte de los cuestionamientos que debe responder y asumir, a riesgo de que muchos colombianos no sientan que se trata de un gobernante legítimo, como lo anunció el senador Iván Cepeda el pasado lunes, al declararse en desobediencia civil pacífica.
Al posesionarse el 7 de agosto, habiendo anunciado alinearse con el Escudo de las Américas —la nueva estrategia imperial de Estados Unidos— de manera inconsulta con el Congreso de la República, corremos el riesgo de que decida gobernar por decreto mientras adelanta una campaña de difamación en contra del actual Gobierno y sus funcionarios para contener las delirantes expectativas creadas a millones de personas, y una entrega casi inmediata de nuestra soberanía nacional.
Ya varios de los defensores de la patria oscura lo han anunciado: Francisco Santos, a quien llaman ‘Pachito’, acusa al Ministerio de las Culturas de estar borrando información —que por supuesto es pública y se encuentra en el Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic), que fortaleció y actualizó este Gobierno—; el presunto vicepresidente José Manuel Restrepo señala que en la Cancillería y la UNP están nombrando funcionarios, como si el Gobierno se hubiera terminado y no debiera cumplir con el mandato de fortalecimiento institucional, presente el Plan de Desarrollo, una vez terminó la ley de garantías el pasado 22 de junio; y así, una serie de adláteres de estos pagos ultras acusan de que se están robando obras de arte y bienes muebles de la Presidencia, algo parecido al relato del saqueo de los palacios de la Revolución de Octubre de hace un siglo en Rusia.
Del sombrero sacan imágenes, audios y grabaciones de los chats con los cuales construirán relatos para navegar sobre la idea de que hay que recuperar el curso de la nación, salvar la patria, restaurar el Estado —reduciéndolo a su mínima expresión, etc.— con la ayuda irrestricta de algunos periodistas empresariales que se alinean con el cinismo de siempre al nuevo poder. Llegó el tiempo de la ilustración oscura.
A esa estrategia se suman los descontentos dentro del progresismo: los que creyeron que un cargo en este Gobierno equivalía a lo mismo que en otros: a tener el privilegio de ser considerados dentro de una nueva clase de elegidos a gobernar lo público y hoy no saben qué hacer frente al desafío de seguir caminando al lado de los millones de colombianos que nos movilizamos por la vida; aquellos que no fueron reconocidos como se imaginaban hace cuatro años —con un puesto, por supuesto— y terminaron trabajando sin pudor con los aliados de De La Espriella, como los alcaldes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali; otros y otras que apoyaron de manera indirecta la campaña de Iván Cepeda y ahora quieren tener la verdad de por qué no se pudo conseguir el triunfo, con la falta de análisis y de profundidad que tiene ese acontecimiento, y que seguro dará una importante línea de reflexión que no nos permite el calor de este momento.
Con estos elementos, De la Espriella tendrá que aclarar antes de posesionarse si renuncia a la nacionalidad estadounidense, si tiene vínculos con la DEA o la CIA y si pesan sobre él inminentes condenas en cortes federales de su país, que le impedirían ser legítimo, insisto, para millones que no votamos por él. Con todas esas sombras encima, que son las que tienen presidentes como Donald Trump, su empleador, no será fácil manejar la economía, vérselas con la reforma a la salud, desmontar la reforma agraria en marcha, saber qué hará con el tema laboral de muchos sectores y, por supuesto, la intervención en la política de Paz Total con una política de seguridad muy probablemente coordinada con Estados Unidos.
Pero si, como puede esperarse, nada se aclara, y la decisión es la de ir hacia adelante como una blitzkrieg, veremos una amenaza militar casi que inmediata: la principal industria de Estados Unidos e Israel, los dos jefes supremos del tecnofascismo mundial, es la militar. La construcción de megacárceles puede ser exprés pues en Estados Unidos el sistema penal está privatizado y hay interés en crear líneas de negocio como lo han hecho desde hace décadas en Irak, y ahora en Gaza. El tema ambiental será materia de decretos expeditos para garantizar que el fracking, los desarrollos mineros, petroleros y de carbón vuelvan a estar a la orden del día y la entrada de corporaciones que entienden cómo establecer vínculos de presunta seguridad con actores armados estatales y paraestatales.
Aún faltan nombramientos pero con lo que conocemos podemos entender que la elección de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior no es tan ‘nunca’ y es más de lo de siempre: el muñequeo y la mermelada para tener gobernabilidad con mayorías que pueden garantizarle al gobierno entrante un primer año donde muy probablemente asistiremos al gran desmonte de las políticas sociales, el regreso de billones de pesos a los operadores de la salud, una pugna directa en lo laboral, un manejo económico alineado a los poderes globales y un retroceso decidido de la reforma agraria emprendida por este Gobierno.
En lo educativo, el regreso de una política de privatizaciones y, muy seguramente, la instalación de sentidos pedagógicos —si así se le puede llamar— que tienen que ver con la persecución a la educación sexual, a lo conseguido en materia de artes y de historia y, por supuesto, la asfixia de las nacientes universidades en los territorios. Los maestros verán amenazados sus logros sociales.
Lo más preocupante, por supuesto, es el desmonte de la política de paz de este Gobierno. Además de la promoción de un gran plan de seguridad coordinado con agencias de Estados Unidos y de gigantes tecnológicos como Palantir, se instalará en el país un gran programa para atacar objetivos terroristas, que muy seguramente afectarán a las comunidades de siempre. Aquellas que pudieron reconocerse en estos cuatro años como parte de una idea de nación que, una vez más, es fracturada por una ultraderecha dispuesta a todo.
Organizaciones de abogadas, periodistas, feministas, científicos sociales, defensores de derechos humanos y de comunidades alertan sobre el ataque a libertades como la de expresión, o el sinnúmero de derechos sociales que garantiza la Constitución de 1991. A eso le votaron doce millones novecientas mil personas que hoy confiesan que uno de sus mayores temores era una Constituyente promovida por el Gobierno Petro.
Vendrán años de disputas sociales intensas. De persecuciones, represión y estigmatización, pues es la estrategia de quienes abrazan el fascismo: convencer a la sociedad de que hay un monstruo por destruir mientras socavan la democracia: ese monstruo está representado por quienes hemos defendido los derechos de las minorías, y que debemos ser desaparecidos bajo la idea de que tenemos que someternos a una idea de país confesional, machista, racista, desigual, privatizado y no soberano. A la izquierda hoy volverán a decirle que se victimiza, que no hace, sino que paraliza, que es radical y no propone, y le pondrán a bailar los fantasmas del pasado.
Una derrota electoral con tantos mantos de duda, y por tan pocos votos, sumada a las acusaciones ciertas que pesan sobre De La Espriella abre viejas nuevas preguntas sobre el sentido de la obediencia dentro de una sociedad. En estas dos semanas se han abierto críticas y voces que consideran que a la campaña de Iván Cepeda le faltó para poder ganar o no debió reconocer los resultados. Todos los argumentos pueden ser discutibles, pero también habría que examinar si la manera es exponerse para que quienes están ansiosos, como manada, de soltar los lobos para que devoren a quien les parezca. Mientras tanto, Cepeda nos ha traído de vuelta a Henry David Thoreau: “Los ciudadanos tienen el derecho de considerarse desobedientes a un gobierno cuando sus acciones se consideran inmorales”. Lo hace porque entiende que Thoreau, como Walt Whitman, vivieron el tiempo del destino manifiesto, una política imperial según la cual Estados Unidos podía invadir territorios, hasta entonces mexicanos, para anexionarlos, como finalmente lo hizo, a su nación.
P. S. Nos hará mucha falta en estos tiempos de represión y violación de derechos humanos el abogado Gustavo Gallón. Su nombre quedará en la memoria de quienes han creído en este país que la dignidad y la vida son innegociables. Gracias a su inmensa tarea. Y paz, mucha paz para los suyos.
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