El nuevo gobierno colombiano tendrá inmensos desafíos a partir del 7 de agosto. Pero acaso uno de los más complejos es la redacción y trámite en el Congreso de la nueva ley de competencias que habrá de desarrollar el acto legislativo número 3 de 2024.
Por varias razones:
Primera: porque se trata de desarrollar uno de los aspectos más controversiales de la estructura del Estado colombiano. El acto legislativo número 3 de 2024 —que incrementó la cuota de los departamentos, distritos y municipios hasta el 39,5 por ciento en los ingresos corrientes de la nación— comporta un esfuerzo gigantesco en el modelo de descentralización del país.
Este acto legislativo no fue de origen gubernamental: fue de origen parlamentario. Pero, claro, como se trataba de mandar más recursos a las entidades territoriales contó desde la primera hora de un cerrado apoyo parlamentario, pues todos los congresistas cuentan en sus corazoncitos de una porción de preferencias en sus gobernadores y alcaldes cercanos. Percibiendo este apoyo en el Congreso, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se montó hábilmente en esta carta que resultó siendo aprobada por mayorías aplastantes y en tiempo récord.
En segundo lugar: porque para que el nuevo sistema de participaciones empiece a regir se requiere, según el acto legislativo, que previamente sea aprobada la llamada ‘ley de competencias’ que debe definir con cuáles tareas se reserva el Gobierno central y cuáles se fijan en cabeza de los entes territoriales a buena cuenta del incremento que se les atribuyen en el sistema general de participaciones.
Esta ley de competencias es un verdadero salto copernicano en la estructura de la descentralización colombiana, y según la sabiduría con la que se redacte puede resultar para bien o para mal en la marcha de la fiscalidad.
Si hace carrera la teoría de la transferencia de recursos sin que vaya acompañada de un traslado contundente de competencias del Gobierno central hacia las entidades territoriales, el ejercicio simple y llanamente será suicida para las cuentas fiscales del país.
Si, simultáneamente con la transferencia de recursos, se señala paralelamente un traspaso de competencias del centro hacia la periferia, entonces el ejercicio resultará virtuoso: estimulará una mayor descentralización y no atentará contra el futuro de las finanzas públicas del país que bien deterioradas las entrega por cierto el Gobierno Petro.
Ya existía un proyecto de ley de competencias que no alcanzó ni siquiera a empezar su trámite correspondiente en la legislatura que termina. Los responsables del Gobierno de De la Espriella han dicho que el texto que se había preparado no les sirve y que redactarán uno nuevo. Tendrán sus respetables razones.
Pero la tarea de redactar un nuevo proyecto de ley de competencias es ya de por sí una gigantesca responsabilidad que asume el nuevo Gobierno. Y el compromiso de tramitar en el Congreso este proyecto de ley es un asunto ciclópeo.
De allí que se pueda afirmar —sin lugar a duda— que el desarrollo del acto legislativo número 3 de 2024 es uno de los mayores desafíos que tiene entre manos el Gobierno que toma posesión el próximo 7 de agosto.
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