“La JEP y la Unidad de Búsqueda hallan las primeras estructuras óseas en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín”, decía el titular en el comunicado de prensa de la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 18 de diciembre. Luego, resaltando el rol central de las víctimas, recordaba que “durante décadas, madres, padres, esposas e hijos han insistido en la necesidad de intervenir en un lugar tan complejo para la búsqueda. Hoy, sus peticiones encuentran una respuesta concreta”. A medida que han pasado los días, nos hemos ido enterando no sólo de la complejidad técnica y forense de los hallazgos, sino de otros detalles de contexto que dan cuenta del horror que allí se vivió. El magistrado de la JEP Gustavo Salazar, uno de los encargados del proceso de búsqueda de desaparecidos, explica que los huesos corresponden a personas que murieron entre 2002 y 2004. Ya recordaremos qué pasó en esos años en Antioquia y, concretamente, en Medellín.
Por ahora, este columnista puede afirmar que declaraciones de comparecientes ante la JEP han indicado que los guías de la operación Orión hacían parte de estructuras paramilitares y salían desde la Cuarta Brigada de Medellín. Este dato, desconocido hasta ahora, no sólo demuestra la complicidad de integrantes de la fuerza pública con grupos paramilitares para adelantar una operación militar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue defendiendo, sino la importancia de la persistencia de las familias buscadoras, que llevan años pidiendo que alguien las tome en serio. En aquel entonces, octubre de 2002, los líderes de la operación Orión fueron el general Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada, y el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, Leonardo Gallego Castrillón.
Ambos, que ya fueron llamados por la JEP por este caso, han dicho repetidamente que Orión estuvo dirigida contra “la guerrilla, las autodefensas ilegales y la delincuencia común”, que dominaban barrios enteros de la Comuna. Si esto es así, si se trataba de combatir también a las “autodefensas ilegales”, ¿cómo explican los generales que después de la operación Orión se creara una base paramilitar en el sector de La Escombrera que estuvo activa cerca de un año? No sólo eso: esa base paramilitar estaba ubicada a unos 150 metros de los hallazgos reportados por la JEP y la Unidad de Búsqueda el pasado 18 de diciembre. No olvidemos que, en el año 2020, varias organizaciones de derechos humanos le entregaron a la JEP un informe titulado ‘La brigada “más efectiva”: crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003)’. En ese momento, el informe documentaba 111 casos que arrojaban la escalofriante cifra de 232 ejecuciones extrajudiciales. De ellas, 40 correspondían a menores de edad y 32 estaban aún sin identificar.
Este no es un simple dato estadístico. Es la comprobación, por otras fuentes, de la sistematicidad homicida en la que incurrieron algunas brigadas del Ejército Nacional, así como la influencia que en ello tuvieron la seguridad democrática y el Plan Colombia. Tal vez el nombre que más se repite en todo esto es el del general Mario Montoya, que entre el negacionismo y el cinismo ha dicho cosas como que las ejecuciones extrajudiciales, de haber existido, seguramente se explicaban porque los muchachos de estrato 1 que llegaban al Ejército no sabían cómo utilizar los cubiertos. Otro asunto que tendrá que examinarse detalladamente en 2025 es por qué operaciones militares como Orión, Mariscal y otras nunca fueron investigadas por la justicia ordinaria.
De no ser por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, así como las madres buscadoras, seguramente no podríamos entender y digerir lo que ocurrió en la Comuna 13 de Medellín. En los meses que vienen, La Escombrera nos mirará de frente para preguntarnos cómo permitimos que estos horrores ocurrieran, y por qué hay quienes, a pesar de las evidencias acumuladas, insisten en defender esas operaciones militares.
