Insurrección por decreto

Durante los primeros meses de este gobierno, alentados por las palabras del presidente Petro, se dispararon las tomas de tierras no solo de “latifundistas” sino también de campesinos y afros. Muchos de esos intentos de usurpación estuvieron liderados por despojadores profesionales. No fueron pocos los muertos que puso esa oleada de invasiones. La ofensiva violenta no cedió hasta que la ministra Cecilia López dejó en claro que no se iba a tolerar y que esa no era la vía para la reforma agraria.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, contribuyó al apaciguamiento de esa ofensiva invasora al poner a disposición de la reforma agraria tres millones de hectáreas de los ganaderos. A este compromiso se le sumaron otros sectores agropecuarios. Esas ofertas hicieron evidente que buena parte de los“latifundistas”no tienen ninguna intención de enfrentar, resistir o boicotear la reforma agraria. Obvio, en la medida en que ese proceso se haga consensuadamente y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Aquello que nadie esperaba es que el área ofertada supera con creces la capacidad presupuestal y de ejecución del Ministerio de Agricultura como lo reconoció el propio gobierno.

Esto es clave para comprender las verdaderas intenciones del giro que se le dio a la política agrícola con la llegada de Jhenifer Mojica al Ministerio de Agricultura. En el curso de pocas semanas el gobierno ha anunciado tres propuestas que evidentemente rompen radicalmente con el modelo de construir la reforma agraria desde la concertación y el respeto a la propiedad privada.