La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que solicita la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. Este documento, conseguido de manera exclusiva por esta columna, representa un jaque importante al burgomaestre en una enredada serie de denuncias y demandas en su contra.
El concepto emitido el pasado 20 de enero por el procurador 46 administrativo de Tunja, Boyacá, Fernando Arias García, se sustenta en dos causales principales de inhabilidad. En primer lugar, la doble nacionalidad del señor Krasnov, quien, aunque es colombiano por adopción, conserva su nacionalidad rusa y ucraniana. Esta situación está contemplada como causal de inhabilidad en el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política, norma que prohíbe a colombianos con doble nacionalidad acceder a cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento. Aunque es un Tunjaque al zar, eso no resulta ser tan importante.
Acá viene lo más complicado. El documento de la Procuraduría establece que había inhabilidad al analizar un contrato firmado por Krasnov con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, el 6 de diciembre de 2022, que terminó el 30 de diciembre del mismo año. Ese convenio, ejecutado en Tunja, constituye una violación de celebrar contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección y en el mismo municipio.
La Procuraduría concluye que los elementos configurativos de la inhabilidad están plenamente establecidos y probados. Por lo tanto, solicita al Tribunal Administrativo de Boyacá que acceda a las pretensiones de la demanda en contra del alcalde. Pero el tema se puede poner mucho más complicado para el señor Krasnov. Acá les explicamos.
Recordemos que el 12 de noviembre de 2023 se reveló en esta columna que Krasnov había firmado ese contrato 2302 y otros tres contratos con la UPTC durante 2022, pero que solo dos cumplían los requisitos para inhabilitarlo según la ley.
La UPTC, en respuesta a una solicitud de información, confirmó que Krasnov no tenía contratos vigentes en 2023, pero sí acumulaba múltiples vinculaciones contractuales previas, incluyendo servicios como docente ocasional y traductor de alemán y ruso.
Tras la publicación de esa columna, se presentaron varias demandas de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo de Boyacá. Una de ellas, radicada el 14 de noviembre de 2023 por el abogado Juan Sebastián Ramírez García, fue retirada en circunstancias oscuras, mientras que la otra, presentada el 6 de diciembre de 2023 por Asesorías y Representación Jurídica, enfrentó obstáculos procesales, incluyendo decisiones controversiales por parte de los magistrados. En ambas demandas se argumentó que los contratos firmados por Krasnov con la UPTC configuraban inhabilidad al haber sido ejecutados en Tunja y dentro del año previo a las elecciones.
Por estos hechos, el 18 de abril de 2024 se dio la apertura de investigación en contra del alcalde de Tunja por parte de la Procuraduría General de la Nación, tras confirmar que el mandatario incurrió en esa grave irregularidad al asumir el cargo, a pesar de estar legalmente inhabilitado para ello por sus contratos con la UPTC.
Pero paren bolas porque el Krasnov está en los detalles. En el documento de la Procuraduría aparece que el apoderado del investigado es el abogado Juan Javier García Carrizosa. Ahí vienen los elementos descubiertos por el equipo de esta columna en Boyacá que, como diría mi profesor de derecho penal, prueban que el alcalde de Tunja en ese momento empezó a cometer delitos para tapar unos pecados.
Vamos a los hechos. Cuando la Procuraduría le abrió pliego de cargos a Krasnov, el 4 de octubre de 2023, el alcalde se presentó con su abogado, el señor Juan Javier García Carrizosa. Pues, oh coincidencia, en las mismas fechas ese litigante firmó un contrato de prestación de servicios profesionales con la Alcaldía de Tunja con otro objeto simulado. Recordemos que los abogados de los funcionarios públicos no deberían ser pagados con los recursos públicos. Krasnovatada.
El acuerdo número 1468 de 2024 se firmó por dos meses y 20 días, con fecha de terminación el 16 de diciembre por un valor de 13.200.000 pesos. El objeto del contrato era la prestación de servicios profesionales como abogado especializado para fortalecer los asuntos de competencia de la secretaría del Interior y Seguridad Territorial del municipio de Tunja. La realidad es que era para defender al alcalde. Pasó lo mismo con otro apoderado de Krasnov que, apenas lo empezó a representar, firmó contratos con el municipio con objetos distintos.
Es decir, los tunjanos le terminaron pagando la defensa a Krasnov ante la Procuraduría, gracias a su oscuro manejo de los recursos municipales con fines particulares. Pero recordemos que no es la primera vez que el alcalde utiliza la contratación pública para salvarse de sus líos jurídicos. El conocimiento popular diría que al villano dale el pie, no la mano. Acá le dieron hasta el codo y con presupuestos y todo.
Vamos más atrás y abróchense los cinturones ya que, como respuesta a las dos demandas ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, hubo buena repartición de contratos municipales. Miremos los casos.
El primer proceso fue asignado al magistrado ponente Diego Mauricio Higuera Jiménez, integrante del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. El 4 de diciembre de 2023, el magistrado Higuera Jiménez corrió, en el término de cinco días, el traslado de la medida cautelar –es decir de la suspensión de la elección del alcalde– a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Publico.
Posteriormente, el 29 de enero de 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad electoral, le concedió al alcalde el término de tres días para que designara apoderado judicial en el proceso. Krasnov respondió oponiéndose ante las medidas cautelares de manera personal. Pero el 1° de febrero, el abogado demandante, el señor Juan Sebastián Ramírez García, sorpresivamente, y en las más extrañas circunstancias, solicitó el retiro de su demanda y el alcalde, en una carta a título personal, aceptó la solicitud de retiro y, colorín colorado, este cuento se había embolatado.
Acá viene la explicación. El 4 de febrero de ese año, el antes demandante del alcalde de Tunja pasó a ser asalariado de la Alcaldía de Tunja, con el contrato número ECO CD 001-2024, de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja, Ecovivienda, por la módica suma de 54.285.000 pesos para el plazo de diez meses y 11 días.
Como lo hemos denunciado en esta columna, la lluvia de contratos prodigiosos no paró ahí. En la segunda demanda en contra de Mikhail Krasnov, el entonces magistrado ponente fue el ganador de un pedacito de la torta presupuestal del municipio, en tercera persona. Suponemos que, de la tradicional torta de cuajada tunjana, porque les cuajó el amasijo.
El 16 de noviembre de 2023, como ya dijimos, el grupo llamado Asesorías y Representación Jurídica presentó la demanda de nulidad electoral en contra del alcalde Krasnov. El 12 de diciembre fue asignado como ponente, esta vez, al magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, también integrante del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá.
Después de muchos movimientos jurídicos e inadmitir varias veces la demanda, el 23 de febrero el magistrado Arciniegas Triana estableció que Asesorías y Representación Jurídica tenía que actuar como persona natural y no como persona jurídica y concedió tres días para que subsanara este aspecto, cosa que se cumplió.
Pese a eso, el 6 de marzo, el magistrado rechazó la demanda nuevamente por dos argumentos. El primero, porque el demandante no presentó la copia de la cédula, cosa que nunca fue solicitada, y segundo, porque había caducidad de la acción. De pronto por todas las trabas puestas o por obra de la patrona de Tunja, la Virgen del Milagro del Santuario del Topo. Algo así como cuando se convierte el aguardiente Líder en Vodka Krasnovsnaya y la justicia queda como Sputnik: en órbita.
Ya les explico. En el camino de esas trabas por parte del Tribunal hubo una fecha muy importante y es la del 7 de febrero de 2024. Ese día pasó una cosita bastante extraña, y es que la Alcaldía de Tunja firmó un proceso de contratación con la abogada Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez, para la prestación de servicios profesionales por el valor de 20.400.000 pesos para un plazo de cinco meses, quien es la madre de una pequeña niña que tuvo extramatrimonialmente el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana. Sí, el mismo que resolvió el caso a su favor del alcalde Krasnov. Al toro por los cachos, como diría mi abuelita.
Toda esta historia complica la situación del alcalde no solo en este caso, sino también ante la Contraloría y seguramente en la Fiscalía. En paralelo, el Consejo de Estado admitió una acción de tutela que denunció la demora judicial del Tribunal Administrativo de Boyacá vulneraba derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia. Este alto tribunal ordenó dar celeridad al fallo de nulidad electoral, subrayando la importancia de garantizar la integridad del orden jurídico.
El concepto de la Procuraduría y la admisión de esa tutela por parte del Consejo de Estado representan un paso grande por salvaguardar la legalidad del proceso. Por eso, fuentes confidenciales al interior del Tribunal Administrativo de Boyacá establecen que los magistrados están listos para publicar la nulidad y sacar a Mikhail Krasnov de la Alcaldía de Tunja. ¡Do svidaniya!
@yohirakerman; [email protected]
