El presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una discusión fundamental: ¿se usaron recursos públicos de Ecopetrol para financiar la máquina de guerra del paramilitarismo? El presidente ha dicho que "los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes; por decenas de miles de millones de dólares han sido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal". Unos días después, tres expresidentes de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, Felipe Bayón y Javier Genaro Gutiérrez, escribieron una carta en la que rechazaban "de forma categórica esas afirmaciones falsas y temerarias, pronunciadas sin prueba ni sustentos fácticos, que afectan uno de los principales activos de Colombia”.
Petro, como le sucede con frecuencia, se equivoca en la forma en la que pone la discusión en el debate público, pero tiene razón en un aspecto que no es menor: sí hay evidencia de que en algunas zonas del país, y en ciertos años, los recursos de Ecopetrol se utilizaron para financiar al paramilitarismo. En un documento Justicia y Paz de 2013, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, que fue comandante del Bloque Central Bolívar con influencia en Santander, Boyacá y el Magdalena Medio, explicaba que una “fuente importante de finanzas (del grupo armado) era el impuesto a las empresas contratistas de Ecopetrol. Consistía en el cobro de un porcentaje del monto del contrato adjudicado que oscilaba entre el 2 y el 5 por ciento, dependiendo del valor y la naturaleza del mismo. El pago del porcentaje que le correspondía a la organización podía cancelarse de contado o en cuotas mensuales”.
El documento, y esto tampoco es una sorpresa, explica que la principal fuente de ingresos de los paramilitares provenía de la sustracción ilegal de combustible –gasolina y ACPM-. Incluso, cuenta Julián Bolívar que dentro de Ecopetrol “había un muchacho… Luís Fernando Landazabal, alias ―Sebastián o Perico”, quien les informaba cuándo y qué clase de combustible iba a pasar por el oleoducto y les suministraba con ayuda de personal que trabajaba dentro de la institución. A ese funcionario de Ecopetrol le pagaban 10 millones de pesos mensuales.
Alias Tolemaida, lugarteniente de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, dijo desde 2010 en Justicia y Paz que “entre Chiriguaná y Codazzi había cinco válvulas ilegales en el oleoducto que eran utilizadas por ladrones de gasolina”. En Verdad Abierta, el extraordinario portal de verdades, historias y contextos del paramilitarismo, cuentan que Óscar Ospino Pacheco, Tolemaida, explicó a los magistrados que los paramilitares cobraban un impuesto por el robo de gasolina. “Los ladrones le pagaban al grupo dependiendo de la cantidad de gasolina o combustible hurtado. Si llenaban una tractomula, pagaban un impuesto de cinco millones al frente y si eran camiones más pequeños les cobraban dos millones de pesos”.
Como demostración de la entrega total de las responsabilidad del Estado a los grupos armados ilegales, Tolemaida confiesa que eran ellos, por pedido de funcionarios de Ecopetrol, “quienes cuidaban los puntos de extracción ilícita y el combustible que se sacaba era única y exclusivamente con la autorización del grupo armado”, es decir, de los paramilitares que operaban en la zona. Acá en la revista CAMBIO, Alejandra Bonilla publicó hace unos meses que “el exsubjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González Sánchez, que quiere ser admitido en la JEP, señaló a exdirectivos de la compañía de haber trabajado activamente con las autodefensas y la fuerza pública en la antesala de las masacres de 1998 y 1999 en Barrancabermeja”. Esto se complementa con la columna de Yohir Akerman 'La investigación pendiente de Ecopetrol'.
Por supuesto que el presidente Petro tiene razón cuando señala que se usaron recursos de la petrolera para financiar grupos paramilitares, pero su generalización con los supuestos “miles de millones de dólares” y la falta de contexto en las fechas en las que ocurrió, dejan la sensación de que en lugar de tratar de esclarecer, está acusando ligeramente a todos los directivos que han pasado por Ecopetrol de ser cómplices del paramilitarismo. Eso, simplemente, no es cierto. Ahora, en la JEP, Salvatore Mancuso podrá dar más detalles de lo que sabe, y seguramente mencionará a empleados de la petrolera que a principios del siglo 21 sí colaboraron con los paramilitares que cometieron masacres, robos y asesinatos selectivos de sindicalistas.
Que así sea.
