A Beto Coral lo detuvieron por haber expresado opiniones en contra del candidato Abelardo de la Espriella y por haber iniciado un trámite para denunciarlo judicialmente en Estados Unidos. En las últimas horas, The New York Times reveló el documento que prueba que el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió directamente su deportación. 

Una intervención de tan alto nivel solo para buscar la expulsión de un activista colombiano ya sería suficientemente llamativa, pero lo más preocupante está en las razones que da el funcionario de más alto rango en el gabinete del presidente Donald Trump. Refiriéndose a Coral, dijo: “socava los intereses de la política exterior de Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia”. 

Hablé con la periodista de The New York Times Annie Correal, quien me informó que ella y su colega Hamed Aleaziz vieron el memorando firmado por el secretario Rubio el martes 16 de junio, el mismo día en el que se ejecutó la detención. Ellos leyeron que, entre las razones que argumenta el jefe de la diplomacia estadounidense para pedir la captura y deportación, están la campaña de Coral contra un candidato a la presidencia y haber dado pasos iniciales para denunciarlo judicialmente en Estados Unidos. 

Este último punto merece especial atención. En algunos estados de Estados Unidos, entre ellos Florida, es ilegal grabar una conversación sin el consentimiento de todos los interlocutores. De acuerdo con el estatuto del Estado, efectuar una grabación sin la autorización de los intervinientes es un delito de tercer grado, que puede castigarse hasta con cinco años de prisión.

Pues bien, hace un tiempo, el expresidente Álvaro Uribe presentó en Florida una demanda civil contra Beto Coral por afirmaciones calumniosas en su contra. Abelardo de la Espriella no tiene licencia para ejercer como abogado en Estados Unidos, pero, desde Miami, atendía el proceso detrás de bambalinas. Por esa razón, habló varias veces con Coral sobre las condiciones en las que debía efectuar su retractación, lo cual finalmente sucedió. Coral aceptó rectificar públicamente sus afirmaciones.

Hasta ahí no hay problema. El tema es que cuando Coral criticó al candidato Abelardo de la Espriella publicaron en X fragmentos de una conversación privada entre ellos dos, mientras estaban en el estado de Florida. Es decir, una grabación efectuada en abierta violación de la ley estatal.

La charla la difundieron desde la cuenta @AbelardoPTE, la misma que han utilizado para hostilizar contradictores y periodistas. Aquí está el trino que contiene los fragmentos, convenientemente mutilados, de la conversación entre Coral y De la Espriella.

Coral decidió presentar una denuncia por la grabación ilegal de sus comunicaciones, posible chantaje y violación de un acuerdo de confidencialidad. Cumpliendo los requisitos legales para entablar una acción judicial de este tipo, Coral interpuso queja ante el FBI, cuya copia está aquí.

Cualquier persona que esté en Estados Unidos, nacional o extranjera, independientemente de su estatus migratorio, tiene el derecho de acudir a las autoridades cuando es víctima de una conducta presuntamente ilícita. Aún más, la ley establece que las víctimas de ciertos delitos, entre los que están la obstrucción a la justicia y la extorsión, pueden solicitar la expedición de la visa U, que ofrece amparo humanitario. 

El ejercicio de un derecho legal no puede ser la causa de una orden de deportación. Abelardo de la Espriella, sin duda, el candidato favorito del gobierno de Estados Unidos para las elecciones en Colombia, no goza de un escudo especial para evitar denuncias judiciales en su contra. 

El imperio de la ley, piedra angular de la democracia de Estados Unidos, establece que todas las personas –independientemente de su poder, riqueza o importancia– deben estar sometidas por igual a las leyes y que estas deben ser aplicadas de manera imparcial y por tribunales independientes.

Beto Coral ha denunciado, además, que en el momento de su detención no le leyeron sus derechos y asegura que ha sido sometido a golpes, a privación por horas de agua y alimentos, a presiones para que firme su autodeportación y a traslados inexplicables que le han impedido consolidar una representación jurídica.

Estamos hablando de lo que le pasa a un hombre, simplemente a un hombre, que se atrevió a expresarse y a reclamar justicia en la tierra de las libertades.