Basta con mirar hacia el departamento del Cesar para constatar que los discursos altisonantes del presidente Gustavo Petro desde el balcón son pura retórica. Al mismo tiempo que nuestro mandatario nos advertía que “el cambio por el que votaron millones no puede ser de mentiras ni maquillaje”, en tierras vallenatas, los que desde siempre han cooptado la contratación estatal ahora tienen más poder.
Después de tan san solo ocho meses de instaurado el Gobierno del “cambio” el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, del Partido Conservador, ha logrado lo que parecía imposible: afianzar aún más el poder de los clanes políticos locales, gracias a su relación cercana con congresistas como Ape Cuello, como ya lo hemos venido denunciando ampliamente en los medios de comunicación.
Para profundizar
Y como la corrupción solo sobrevive si hay connivencia con los órganos de control, tenía que ser de cajón que el elegido para ser el gerente de la Contraloría General del Cesar fuera ficha de uno de los clanes que tiene que vigilar y que además el Gobierno nacional prometió mentirosamente acabar.
Sin ninguna vergüenza, y como muestra de que nada cambió para que todo siga igual, el pasado 2 de marzo mediante la resolución 03881, Elmer Jiménez Silva fue nombrado gerente de la Contraloría del Cesar. Jiménez es ficha del congresista Ape Cuello que ha sido denunciado por presuntamente haberse favorecido del saqueo a los recursos de la paz, además de haber sido relacionado con paramilitares, el escándalo de Odebrecht y estar detrás de numerosas obras del departamento inconclusas, como las construidas para los juegos bolivarianos, que lideraba su amigo, el designado gerente de la Contraloría del Cesar.
La relación del representante Cuello con Elmer Jiménez es de vieja data y ha sido explicada detalladamente por el medio local El Periódico. En 2015 fue su jefe político cuando Jiménez se lanzó al Concejo por el Partido Conservador. Además, utilizando sus influencias y poder en la alcaldía de Augusto ‘Tuto’ Uhía, Ape hizo que nombraran a Jiménez como director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Indupal, desde donde se adelantaron todas las obras para los muy polémicos juegos bolivarianos.
Elmer Jiménez, licenciado en educación física, sin ningún mérito ni experiencia en materia de control fiscal ––más que el de ser parte de la misma rosca del Partido Conservador que ha sido dueña de la contratación del Cesar por años––, es por ahora el designado para vigilar la ejecución de los millonarios recursos que la nación, por medio de las transferencias que el ministro Reyes ––aliado también de Cuello––, le hará al departamento.
Y digo hasta ahora porque fuentes le confirmaron a esta columna que su designación está siendo revaluada por el contralor general debido a pujas de poder internas por los múltiples cuestionamientos que circulan alrededor de este nombramiento.
Sin embargo, al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, parece no haberle importado la falta de méritos de Jiménez para ocupar tan importante cargo en el momento que hizo la designación, ni que haya sido sancionado en 2020 por el mismo órgano que hoy lidera. Hay que recordar que la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar le impuso una multa a Elmer Jiménez Silva porque cuando fue director de Indupal no reportó debidamente la información relacionada con su personal y sus costos. Lo anterior ha debido ser un impedimento para su designación, no obstante, ya sabemos que en Colombia, y en el Cesar, el deber ser nunca ha sido, y al parecer nunca será, la regla general.
Porque lo único que realmente le importa a Carlos Hernán Rodríguez, el contralor del Gobierno nacional, apoyado abiertamente por el Pacto Histórico, que además prometió mentirosamente limpiar la entidad, es cumplirles a los consevadores, que con su voto en el Congreso lo nombraron, la promesa de que la gerencia de la Contraloría Departamental será del representante Ape Cuello. Por esto no sorprende que el 22 de marzo fuera publicada en la página web del ente de control la hoja de vida de Javier Andrés Martínez Daza, hijo de Joaquín Martínez Urrutia, otro viejo aliado de Ape Cuello que además hace parte de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Así las cosas, todo parece indicar que se caerá en los próximos días el nombramiento de Elmer Jiménez y se nombrará a Martínez Daza. Un cambio que será solo cosmético pues en la Contraloría Departamental terminará mandando el mismo de siempre: el intocable, consentido del Gobierno nacional y de la Contraloría General: Alfredo Ape Cuello.
Hay que recordar que desde la posesión del actual ministro de Transporte las reuniones con el representante Cuello han sido numerosas. De hecho, la semana pasada otra vez estuvieron juntos hablando de la contratación y de las obras del departamento. Lo anterior sería normal en aras de la sana colaboración entre las ramas del poder público si no estuviéramos hablando de un representante tan cuestionado, que ahora además maneja el órgano de control departamental, y de un ministro que es cuota política del Partido Conservador, que es inexplicablemente partido de gobierno y que parece tener como único propósito asegurar que en las regiones, en donde realmente todo tiene que cambiar, nada cambie.
Más vale que los que aún apoyan ciegamente al Gobierno nacional entiendan que los cambios estructurales que necesita realmente el país y que debían darse a nivel regional no se darán. En el Gobierno del cambio, el clan Cuello, cuestionado por presuntamente desviar el dinero de las regalías asignadas por el Ocad Paz, pondrá contralor de bolsillo en el Cesar, que deberá vigilar la ejecución de estos recursos, ante el silencio cómplice de los elegidos para reformar el país y construir una Colombia en paz.
